IMPULSO/Marco A. Rodríguez Blásquez*
Una vez más, se manifestó la fuerza social de las ONG’s, hace unos días, más de cien organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para que los senadores detengan la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, y se abra la discusión con especialistas en este tema. Ante la movilización social, 22 gobernadores están de acuerdo con el texto de la Ley tal como lo aprobaron los Diputados Federales y solamente dos gobernadores se opusieron a su contenido.
Por la complejidad del problema, hay prisa para su aprobación, pero ésta no debe ser ‘fast track’, al contrario, ante este tema controversial, una discusión permitiría definir el diseño de un marco legal para que el ejército realice tareas de seguridad.
Sería muy complicado emitir un análisis jurídico de los 49 artículos que conforman la ley, pero les sugeriría respetuosamente a los senadores considerar las siguientes apreciaciones:
Los integrantes de las fuerzas armadas, siendo cadetes, adquieren valores, disciplina, conocimientos y los forman para servir a la patria y a las instituciones, enfrentando al enemigo con dureza y destruirlo. Su preparación no comprende perseguir delincuentes, tarea que vienen realizando hace once años en que dio inició la guerra contra el crimen organizado. Aún con la permanencia del Ejército en varios estados del país, no se ha observado una disminución en los delitos, muy al contrario, éstos se han incrementado con una notable transgresión a los derechos humanos. Cifras recientes arrojan que cada seis minutos se comete un homicidio, cada cinco minutos un robo a negocios y un robo violento cada dos minutos.
De aprobarse en el Senado la citada ley, se le otorgarían facultades desmedidas al Presidente de la República al permitirle utilizar al Ejército para diferentes propósitos que son exclusivos de los cuerpos de seguridad pública, como son disolver manifestaciones en la vía pública, llevar a cabo detenciones, realizar labores de inteligencia como espiar a cualquier ciudadano y todo esto sin rendición de cuentas. Además se vulneraría el equilibrio de fuerzas con los poderes legislativo y judicial.
No se especifica el tiempo que permanecerán las fuerzas armadas en las calles, lo que ha generado opiniones de militares de alto rango que se oponen a esta medida, argumentando que un nuevo fracaso en la estrategia, el ejército y la marina serían los únicos responsables.
¿Pasaría por las mentes lúcidas de los diputados, que de aprobarse esta Ley y ante el déficit de las instituciones se pone en riesgo el prestigio que aún poseen el ejército y la marina?
El contenido de la Ley, pone en riesgo el federalismo ya que al centralizar la estrategia para abatir los delitos, se limita la intervención de los gobiernos estatales, quienes han sido omisos en combatir la inseguridad, lo que ha generado corrupción en las policías estatales y municipales que en su gran mayoría se encuentran coludidas con el crimen organizado.
¿No sería preferible emitir una reglamentación transitoria, mediante la cual se definiera un plazo de tres a seis años para que paulatinamente el ejército se regresara a sus cuarteles, y durante este mismo tiempo responsabilizar a los gobernadores de ir formando generaciones de policías?
La inseguridad que durante diferentes administraciones se dejó crecer y no fue atendida con eficiencia, al permitir operar a ciertos grupos delincuenciales y perseguir a otros, desató el incremento de delitos como el secuestro y cobro por derecho de piso.
¿Dónde quedó la política doctrinaria de la lucha contra el crimen, es decir o combates a todos o solo a algunos?
En la solución, debe incorporarse la participación de la sociedad a través de comités ciudadanos, comités escolares, comités vecinales. No será tarea fácil, mas no es imposible. Además de la participación social, se requiere de tres elementos: talento, visión y decisión política.
* Director de BGC Consultoría Estratégica.
