IMPULSO/ Teodoro Rentería Arróyave
NUEVO PARADIGMA VII
Desarrollo y redistribución de la riqueza, consideramos, son los temas torales que se ha impuesto llevar al cabo en su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo explicó en su Primer Informe de Gobierno y Tercero al Pueblo de México:
Primeramente señaló que “se está poniendo en práctica el olvidado mandato constitucional, según el cual el Estado tiene la responsabilidad de promover y encausar el desarrollo económico nacional”.
“Existe aún la idea falaz, continuó, de que el Estado no debe promover el desarrollo, ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad”.
Y remató: “Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal. La misma idea se aplicó en el porfiriato y ello condujo a la Revolución. Quizá la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la apuesta por el progreso sin justicia es políticamente inviable y está condenada al fracaso; su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales”.
Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada.
En otras palabras, como lo hemos reiterado durante años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para luego aterrizar su propuesta económica, al decir: “si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”.
En este objetivo hemos avanzado mucho, explicó, cuando llegamos al gobierno empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios. Nos tocó decir: basta. No fue fácil, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año. Ni huachicol arriba ni huachicol abajo.
Aprovechó el tema para dar a conocer otras acciones en esa línea: cancelación de la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras, propuso al Congreso que la expedición y uso de facturas falsas para evadir impuestos se convierta en delito grave, misma que ya fue aprobada; se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza y demás canonjías.
Se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo llamadas ProMéxico, algo hasta ridículo, pues ningún país tiene oficinas de esta naturaleza; se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes.
Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, que contaba con ocho mil elementos, los cuales ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías, y tenían mejores prestaciones, a esa institución ya la desaparecimos.
La austeridad nuestra, remató, para tenerlo claro, se inspira en el criterio del presidente Juárez que decía, y leyó textual:
‘Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado’. CONTINUARÁ.
