Comentario a tiempo

IMPULSO/ Teodoro Rentería Arróyave
Una denuncia más contra Corral
Un día después de que en nuestra entrega de la víspera dimos a conocer que resultó una falacia la investigación de la Fiscalía de Chihuahua sobre el supuesto esclarecimiento del asesinato de la colega Miroslava Breach Velducea y que sólo fue una patraña publicitaria del gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado; ahora la denuncia de la ONG Artículo 19 de Naciones Unidas contra dicho Jefe del Ejecutivo local es mucho más grave.
En su portal, el diario la Jornada publicó con toda oportunidad el Informe Anual de dicha organización social presentado por su director, Emir Olivares Alonso, titulado: “Democracia simulada, nada que aplaudir”, con el siguiente encabezado: “Ambiente adverso para periodistas en gobierno de Corral: Artículo 19”.
A pesar del desarrollo de la alerta temprana para prevenir acciones contra periodistas y defensores de derechos humanos, en Chihuahua, dice la nota, “el ambiente sigue siendo adverso a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral”, denuncia la organización Artículo 19.
Luego apunta: “En su más reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión y la prensa en el país, titulado ‘Democracia simulada. Nada que aplaudir’, la organización señala que incluso en casos paradigmáticos como el de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en ese Estado, asesinada el 23 de marzo de 2017, prevalecen en la impunidad. A pesar de que en este caso se dio a conocer la detención el presunto autor intelectual, la investigación también debe garantizar la reparación del daño de la familia, así como el procesamiento de todos los implicados, situación que al momento no ha sucedido. Por el contrario, Artículo 19 tiene conocimiento de que no se ha dado acceso a la indagatoria a las víctimas indirectas del delito, razón por la cual la impunidad y la falta de acceso a la justicia para la familia aún prevalece en el asesinato de la periodista”.
El informe señala que la periodista asesinada hace casi un año denunció en sus reportajes la simbiosis entre crimen organizado y autoridades en Chihuahua. “En sus investigaciones periodísticas publicadas en el diario La Jornada, documentó cómo los cárteles habían logrado imponer a sus operadores como candidatos por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Acción Nacional a las presidencias municipales en una ruta hacia la frontera norte, por donde podrían traficar, sin ningún inconveniente, todo lo prohibido. Esos reportajes le costaron la vida el 23 de marzo de 2017”.
Agrega que el efecto nocivo es aún mayor con los vacíos informativos que quedan como consecuencia de los asesinatos, desapariciones y desplazamientos de periodistas. Tan sólo en Chihuahua, tras el asesinato de la corresponsal de La Jornada y el desplazamiento de su colega y amiga Patricia Mayorga -consecuencia de amenazas y del asesinato de Breach-, “ha dejado un vacío de información del tema de derechos humanos, desplazamientos y violencia en la sierra chihuahuense, porque ellas dos eran quienes, principalmente, cubrían esos temas”.
La organización, continúa La Jornada, reporta que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han dado mil 986 agresiones contra periodistas en el país al afirmar que hasta hace años, se partía del análisis de que las autoridades agredían y el crimen organizado asesinaba. Pero al cierre del actual sexenio “las líneas son cada vez menos claras. La narcopolítica torna imposible, en la mayoría de los casos, trazar una frontera entre el crimen organizado y los funcionarios públicos. Así se ha hecho visible en, por ejemplo, el caso de Breach.
“En este sentido, ante la falta de investigaciones diligentes, exhaustivas, completas e imparciales, resulta casi imposible que pueda determinarse, al menos como verdad jurídica, la calidad de los sujetos que idearon y cometieron los asesinatos. Tomando en cuenta la totalidad de las agresiones (incluidos asesinatos y desapariciones de periodistas), la alta incidencia de agresiones imputable a funcionarios públicos es una explicación razonable de los niveles de impunidad que alcanzan los delitos contra la prensa en razón de su labor informativa”, señala el informe, que se presentará este martes”.
Multiplicar la difusión de estos informes, es nuestro deber como periodistas libres y solidarios con nuestros colegas victimados y con la prevención de estos delitos contra las libertades de prensa y expresión.