Marrullera democracia
Teodoro Rentería Arróyave
Los acontecimientos de Catalunya siguen siendo noticia, marcan la agenda de una monarquía decadente y complican la existencia de la Unión Europea, que no acierta a distinguir entre su publicitada democracia y su alianza con el Gobierno español.
Catalunya no ha fallado en nada a los principios democráticos, basados en primera y última instancia en la decisión del pueblo. Una y otra vez, y hasta las elecciones del 21-D, decididas y convocadas por el Gobierno central, han sido ganadas por los independentistas, sí, nos referimos a los protagonistas de esta odisea política, empezando por el presidente cesado, Charles Puigdemont, y demás cancilleres, que han vuelto a ganar en las urnas desde el exilio o desde la cárcel.
Como es de conocimiento mundial, los independentistas ganaron el 75 por cientos de los asientos del Parlament, en esas condiciones decidieron elegir como presidente de la Generalitat al propio Puigdemont, el propio presidente de la Mesa del ente legislativo, Roger Torrent, fijó el próximo martes 30 para llevar a cabo la ceremonia de investidura.
Nuevamente, el Tribunal Constitucional recurre a marrullerías democráticas para impedir dicha investidura ganada en las urnas. Antes, el Consejo de Ministros había rechazado la petición del presidente español, el ultraderechista Mariano Rajoy, de impugnar la decisión de que el candidato a ser investido sea Puigdemont, ello en vista de que no existen fundamentos legales preventivos.
Como era de esperarse, Rajoy recurrió al Tribunal Constitucional, mismo que le obsequió su petición con esa medida de democracia marrullera, si esa figura pudiera existir.
El Boletín Oficial del Estado español, BOE, ha publicado el auto del Constitucional por el que dicho Tribunal impide que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat de forma telemática o por delegación.
En una decisión alcanzada este sábado tras varias horas de debate -misma que registrará la historia-, el pleno del Tribunal acordó que el expresidente catalán, que se encuentra en Bélgica, solo puede ser investido si acude al Parlament y con previa autorización del juez Pablo Llarena. Puigdemont, ya anunció que hará la petición al letrado, que seguramente negará.
A la espera de resolver, si admite a trámite el recurso del Gobierno, el tribunal establece como medida cautelar la suspensión de “cualquier sesión de investidura que no sea presencial” y marca tres condiciones. La primera es que “no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Charles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”.
La segunda, que “no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”. Por último, deja claro que “los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”.
Como se puede comprobar, el Constitucional, se burla de la decisión de los ciudadanos catalanes que se expresaron en las urnas. La marrullera democracia ordena, en otras palabras: Puigdemont sólo puede ser presidente de la Generalitat si está presente en el Parlament, pero si entra a Catalunya, será arrestado y encarcelado. Estupenda la democracia española.
