IMPULSO/ Teodoro Rentería Arróyave (6)
Continúan los ejes
Continuamos con los ejes en que dividimos nuestra Tesis Recepcional a la Academia Nacional de Historia y Geografía: “Elevar a norma constitucional el secreto profesional de los periodistas, como lo lograron por primera vez en la historia del país los colegas del Estado de Morelos.
La meta de que se instituya en nuestra Constitución es una exigencia renovada, después de que fuimos traicionados al omitir en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales el Artículo 43 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que salvaguardaba el secreto profesional y la reserva de información de los periodistas. Ahora, sólo protege, entre otros, a los abogados, a los médicos, a los enfermeros y a los ministros de culto, pero no a los informadores.
México es uno de los países y posiblemente el más inconsecuente con los Derechos Humanos de los periodistas, hemos afirmado que una inmensa mayoría de funcionarios públicos, privados y de las iglesias, paralelamente hablan mal de los comunicadores y siempre necesitan de ellos. Esa actitud hostil ha propiciado que el periodista carezca de un contrato de trabajo, está ubicado en la figura del abuso, se le designa para esos efectos de explotación con el anglicismo de “freelance”, de ahí nuestra lucha de que en todas las entidades federativas se creen sendas leyes de Bienestar Social del Periodista.
Una lucha constante de todos los tiempos, contra las leyes mordaza, es la que han dado el gremio y grandes del periodismo, como es ejemplo sublime el mártir por antonomasia del periodismo, Ricardo Flores Magón. Mucho se ha avanzado, a la ya derogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la que siempre consideramos de ley mordaza.
La lucha no ha sido en vano. Con la recién promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de cumplimiento estricto en todo el país, se ha avanzado en todos los frentes para acabar con la opacidad gubernamental que tanto daño le ha hecho al país; en la persistencia de nuestras luchas constantes para el cumplimiento irrestricto de la transparencia y rendición de cuentas; la reconfiguración de los sujetos obligados, es decir, de todas aquellas personas físicas y morales que reciban fondos públicos, en una palabra, dineros del pueblo, es un avance enorme.
También ganamos en lo que siempre hemos calificado como la trampa de estas leyes con la nueva normatividad; nos referimos a la reserva de las informaciones, más o menos doce millones de expedientes en la llamada “docena trágica”, están dentro de ese status legal, hasta la construcción y por consecuencia el gasto que implicó la primera parte de los segundos pisos del periférico de la ciudad de México.
El entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, mandó la información a la reserva por doce años. Bueno es la expresión, corregiríamos: malo que también la construcción de la frustrada Línea Dorada esté en la reserva por 12 años por decisión de Marcelo Ebrard Casubón.
La nueva Ley delimita aquellas informaciones que puedan ser susceptibles de la reserva, fundamentalmente las que se refieren a la seguridad nacional; aunque la Ley prevé la solicitud de amparo por parte de la Presidencia de la República ante la demanda de estas informaciones, el hecho mismo de ampararse y que sea el Tribunal Supremo quien decida en última instancia, es un paso adelante en nuestra exigencia de que la información pública, por ser generada con los impuestos, es de estricto derecho que dicha información sea del dominio público. Continuará.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
