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Bogotá
Desde hace 24 años, cuando el Congreso de Colombia expidió una ley de amnistía para conceder el indulto definitivo a los desmovilizados de la guerrilla del M-19, los parlamentarios colombianos no se enfrentaban a un debate de este tipo.
Esta semana volvieron a hacerlo, al aprobar la ley para conceder perdón a los guerrilleros rasos de las FARC. Había urgencia. La guerrilla reclamaba este camino como el último empujón para su proceso de desmovilización y desarme.
Esta ley dará seguridad jurídica a los más de 5 mil excombatientes que se movilizarán a las zonas veredales, en donde harán el tránsito hacia la vida civil, pero también permitirá que, según cálculos del movimiento político ‘Voces de Paz’, más de mil personas que permanecen procesadas por delitos políticos y conexos, puedan recuperar su libertad, aunque sea de forma condicional.
Según el Gobierno, a más tardar el 30 de enero, se establecerá el número de integrantes de las FARC que no son amnistiables ni indultables y se definirá a qué zonas y en qué tiempos serán trasladados en los términos pactados en el acuerdo final. El Ministerio de Justicia dice que, aunque no existe aún un listado de las personas que se beneficiarían con la medida, en las cárceles del país hay al menos 4 mil miembros de las FARC recluidos.
Las FARC se niegan a replegarse a las zonas de desarme si hay riesgo de captura
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha explicado que se aplicarán varios tipos de amnistías. “Habrá una automática, que se concede por virtud de la ley a los integrantes de las FARC que hayan cometido un delito político, como rebelión, o los que hayan sido reconocidos como conexos por la jurisprudencia penal en el país”.
Con esto, se beneficiará, sobre todo, la base de la guerrilla, que tendrá los beneficios de la ley, tras la sanción presidencial que deberá darse en los próximos días. Otra de las categorías que se contempla es para quienes han cometido delitos (como el narcotráfico) sobre los que la conexidad con el delito político debe ser discutida por la justicia especial para la paz, cuyo tribunal aún no está conformado.
Aunque la ley también será aplicable para los agentes de Estado, el Gobierno ha insistido en señalar que bajo ninguna circunstancia, se otorgará para quienes sean procesados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y que en el caso de los militares, no habrá amnistía ni indulto. “En el caso de ellos se habla de la renuncia a la acción penal en delitos menores”, dijo el ministro del Interior.
Además, ha advertido que si durante los cinco años posteriores a la aplicación, los beneficiados se niegan a colaborar con el tribunal para la paz y no participan en los programas para reparar a las víctimas perderán el derecho a la amnistía.
El proyecto fue duramente cuestionado por el expresidente Álvaro Uribe y su partido político, el Centro Democrático, que se marginó en la votación de la ley en el Congreso. También recibió fuertes críticas de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien señala que la iniciativa es vaga en cuanto a las reglas que enmarcarán la libertad de algunos sindicados y que, según él, podrían evadir la justicia.
“Nos preocupa que algunas disposiciones de dicho proyecto de ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación de asegurar justicia”, ha dicho Vivanco en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos el pasado domingo, en la que insistía sobre sus reparos a la ley. Por su parte, Rodrigo Londoño, el jefe de las FARC, pedía a los parlamentarios, horas antes del debate en el Congreso, “respetar” lo que se acordó en la mesa e iniciar con “premura” la implementación de los acuerdos.
Aunque en el último año han sido indultados al menos 78 miembros de las FARC, bajo una figura ya existente en la normativa nacional, que permite al presidente otorgar este beneficio, se espera que una vez quede en firme la ley de amnistía las salidas sean masivas.
“Esperamos que se abran las puertas de las cárceles para que puedan salir quienes estuvieron en la insurgencia, pero también los cientos de líderes sociales que han sido procesados por rebelión”, dice Francisco Toloza, de ‘Voces de Paz’, el movimiento que tiene como misión controlar que lo pactado entre las FARC y el Gobierno se cumpla y que estará presente, con voz, pero sin voto, en los debates que se hagan sobre el tema en el Congreso.
La ley de amnistía es la primera que se aprueba bajo la modalidad del ‘fast track’. El mecanismo que fue avalado con el propósito de acortar el trámite de las iniciativas que se necesitan para implementar el acuerdo logrado con la guerrilla, tras más de cuatro años de diálogos en La Habana (Cuba). (Diario.mx)
