IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Por primera vez, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra las personas físicas que resulten responsables por incrementar artificialmente hasta en 52% los precios de productos farmacéuticos, lo que causó un daño a instituciones públicas de salud por 382 millones de pesos.
“Se encontró evidencia de colusión entre participantes en licitaciones públicas convocadas por el sector salud, en productos que adquirieron diversas entidades, y que determinó la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas establecidas en la fracción IV del artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, las cuales constituyen a su vez probables conductas delictivas de acuerdo al Código Penal Federal”, dijo el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, Carlos Mena Labarthe.
Esa acción penal se llevará en paralelo a la que se sigue en la Cofece, en donde se podrían imponer multas de hasta 10% de los ingresos de los agentes económicos, así como la inhabilitación de los responsables para ejercer cargos directivos, informó.
Las sanciones penales que podría imponer la PGR consistirán en prisión de 5 a 10 años y de mil a 10 mil “días multa” a las personas físicas que incurrieron en prácticas monopólicas, considerando que cada día multa equivale a la percepción del acusado al momento de cometer el delito.
Tras realizar una investigación, la Autoridad explicó que cuenta con elementos suficientes para asegurar que los precios se incrementaron en hasta 52% de su valor real.
Lo anterior significó que las firmas que participaron en la licitación del sector público farmacéutico vendieron productos por mil 233 millones de pesos entre 2009 y 2015, pero el precio real debió ser de 852 millones.
“La Autoridad Investigadora estima que, derivado de la probable colusión en estas licitaciones, las instituciones públicas de salud pagaron sobreprecios de hasta 52% en los insumos adquiridos, lo que causó un daño de por lo menos 381 millones de pesos”, comentó Mena Labarthe.
“Por su alto impacto negativo, las prácticas monopólicas absolutas son consideradas las más nocivas para la competencia, de allí que para los individuos que participan en este tipo de conductas se hayan establecido como delitos contra la Economía Pública en el Código Penal Federal”.
En este caso, las personas físicas ya no podrán acogerse al programa de inmunidad de la Cofece porque la Autoridad Investigadora ya emitió su fallo y ya no podrán evitar las sanciones, pues se sigue el “procedimiento en forma de juicio” y los comisionados determinarán si hay culpables o no.
Sin embargo, aseguró que si hay otros casos, distintos al de venta de medicinas, por parte de personas físicas que participaron en una colusión, están en momento de acogerse al programa de inmunidad.
“Se hace un llamado a quienes estén participando o hayan participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas para que se acerquen a la Autoridad Investigadora y se acojan al programa de inmunidad, la única alternativa para evitar la cárcel”, dijo.
La Autoridad Investigadora seguirá las indagatorias en donde haya prácticas anticompetitivas y “no dudará en solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de quienes participen en la manipulación de precios, división de mercados y coordinación de posturas en la compra pública, a costa del bienestar de los consumidores”, dijo.
