IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La aplicación de esquemas de tarifas al transporte público solamente se justifica en la modalidad de pasajeros, mientras que para carga y servicios individuales es mejor no regular, aseveró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Los gobiernos estatales debieran evitar exigir vehículos del año como condición necesaria para otorgar una concesión, en su lugar se debe privilegiar las condiciones físico-mecánicas sobre los requisitos de antigüedad, a fin de no elevar los desproporcionados costos de entrar al mercado del transporte, advirtió.
Lo anterior es parte del estudio Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia, Análisis de la Normativa Estatal, en el que la Cofece analizó las legislaciones estatales de los sectores agropecuario, contratación pública, transporte público, desarrollo urbano y ejercicio profesional, explicó el director general de promoción a la competencia de la Cofece, David Lamb.
“Es una primera parte del trabajo, señalando el tipo de barreras en cinco sectores, y la palabra final, para hacer los cambios, las tienen las autoridades locales”, comentó.
Se descubrieron barreras a la competencia por estado en cada sector. Por ejemplo, en el sector agropecuario hay restricciones que limitan la entrada de competidores y trato diferenciado dependiendo del origen de los productos; además de que se tienen requisitos de afiliación a asociaciones que limitan la competencia.
En contratación pública y en transporte público hay restricciones en favor de ciertos agentes o limitantes para la entrada de competidores, costos elevados de participación, ausencia de mecanismos institucionales en pro de la competencia y falta de certeza jurídica.
Mientras que en desarrollo urbano se piden distancias mínimas para la venta de combustible, se imponen precios máximos de lotes y fraccionamientos, y requisitos que elevan los precios de las obras, expuso.
En tanto que en ejercicio de profesiones hay también leyes que limitan la entrada de competidores: como límites a las actividades de los profesionistas extranjeros y facultad de colegios para autorizar la entrada de profesionistas, comentó Lamb.
Por ejemplo, se reduce la rivalidad de competidores en el sector agrícola en Campeche, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Guerrero, Sinaloa.
En la contratación pública hay márgenes de preferencia en favor de proveedores locales para la adjudicación de contratos en 11 entidades. Sinaloa, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Colima, Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Jalisco.
Se descubrió que la forma en que se licita permite sobre precios en las licitaciones lo que genera mayores gastos en 15 entidades del país como Colima, Guerrero, Nuevo León,Sonora, Zacatecas, Baja California, Chiapas, Colima, San Luis Potosí, entre otras.
La Cofece recomendó que en lugar de que sean licitaciones locales se conviertan en nacionales, porque en muchas ocasiones las empresas solamente rentan una oficina en la entidad para poder participar en la licitación aunque su fábrica esté en otro estado, dijo Lamb.
Con el estudio, dijo, se quiere “despertar el interés de los ejecutivos y legislativos estatales y hacerles notar que hay normas que limitan la competitividad a fin de que se generen modificaciones legislativa que eliminen pero quienes son los responsables de lo que suceda son las autoridades locales.
En transporte público hay ciertas modalidades que permiten una regulación de precios, como el de pasajeros, pero para transporte de personas como Uber y Cabify hay una buena justificación para que no se ponga una tarifa del gobierno; mientras que en taxis que se toman en la calle sí se requiere tarifa porque no haya abusos, ya que la gente que los usa no tiene acceso a tarjeta de crédito ni a celulares inteligentes.
Expuso que el transporte de carga está sujeto a tarifas en Baja California, Sur, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
En ocho entidades como San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Michoacán no se piden distancias mínimas para construir gasolinerías.
Mientras que en siete entidades hay restricciones a la competencia de profesionistas como Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Sonora y Tabasco.
