Cofece abre expediente contra organismos de acreditación y evaluación

IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Por considerar que existen barreras a la competencia y a la libre concurrencia en el mercado de servicios de organismos que acreditan el cumplimiento de las normas de los productos y de empresas que evalúan el apego a la normatividad, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación en torno a tema.
“Los servicios de acreditación, evaluación de la conformidad y normalización resultan necesarios para asegurar la calidad (de los productos o servicios), así como las características técnicas y de seguridad de los bienes y servicios que se comercializan en los mercados”, advirtió la Comisión.
La Autoridad Investigadora detectó elementos que hacen suponer la existencia de barreras a la competencia en el mercado de normalización y acreditación del cumplimiento de dichas normas.
Las regulaciones técnicas y estándares nacionales de productos y servicios que se imponen en las normas mexicanas deben de cumplirse por las empresas, para lo cual existen organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba para calificar el cumplimiento de las normas. Mientras que la evaluación de la conformidad consiste en la revisión, a través de los organismos acreditados, del cumplimiento de las normas por parte de las industrias.
Para la comercialización de diversos productos se requiere la certificación de dichos organismos de que se cumple con las normas que marca el gobierno, por lo que para la Cofece los servicios de acreditación y evaluación de la conformidad son fundamentales para asegurar la calidad, así como características técnicas y de seguridad de los productos y servicios.
Cabe recordar que “se consideran barreras a la competencia y libre concurrencia cualquier característica estructural del mercado, así como cualquier hecho o acto de agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores, que limite su capacidad para competir o que distorsione el proceso de competencia. También lo son las disposiciones jurídicas de cualquier orden de gobierno cuando indebidamente impidan o distorsionen dicho proceso”, dijo la Comisión.