IMPULSO/ Luis M. Loaiza Tavera,
Columnista,
En un hecho sin precedentes, el ex alcalde Alejandro Gamiño Palacios documentó una serie de irregularidades de la pasada administración municipal de Coacalco: desde aviadores que cobraron en conjunto 40 millones, hasta empresas fantasmas con pagos millonarios; tan es así que, tan sólo con esta primera etapa de investigación, las anomalías representan el 30 por ciento del presupuesto total municipal.
Es grosera y lastimera la forma en la que el ex alcalde Erwin Castelán saqueó, literalmente, al municipio y, más aún, que su secretario Gabriel Pawling, llamado a alcalde tras la suspensión que recibió el primero, continuara con el robo al erario público.
Hasta 10 años marca la ley para que los ex -funcionarios puedan ser enjuiciados.
Empresas que cobraron millones, por hacer trabajos que hacían los funcionarios municipales; otras con domicilio fiscal en Acapulco o Guadalajara; facturas clonadas, otras falsas, las más adulteradas, en fin, un daño por cerca de 300 millones de pesos, cuando a nivel municipal el presupuesto es de alrededor de 800 millones de pesos.
Tanto se acerca al colmo, que en los eventos el equipo de sonorización (juego de dos o tres bocinas y micrófono) se facturaba hasta millón y medio, por cuatro eventos en el mismo día. Renta de sanitarios móviles, con un costo superior al precio de los mismos, pero nuevos.
En consumibles, se despacharon con la cuchara grande y, supuestamente, gastaban hasta un cuarto de millón de pesos en detergente y aromatizantes; o en eventos, donde se entregaban apoyos a la ciudadanía por 60 mil pesos, declaraban gastos de logística por 250 mil pesos a empresas de dudosa existencia.
En el caso de los aviadores, sobresale el caso de las señoras Dolores Jaqueline Ahedo Salazar y Laura Gabriela Puente Enrique que, a decir de los empleados, eran dos mujeres con demasiada cercanía personal al entonces presidente Gabriel Pawling, con sueldos casi de funcionarios de primer nivel.
También el caso de Cristina García Torres, quien estaba dada de alta con un sueldo superior a los 18 mil pesos, pero ella nunca acudió a cobrar, pero el dinero sí era canalizado vía tarjeta de nómina; es decir, ella nunca se enteró de que cobraba en el ayuntamiento pues acudió a presentar sus papeles solicitando trabajo, no se lo dieron, pero con los papeles fue dada de alta y “alguien” cobraba cada quincena con la tarjeta de nómina.
Diario Impulso tiene en su poder las listas de personas identificadas como aviadores y las copias de facturas falsas que se usaron para sustraer dinero de los impuestos del pueblo.
Aquí es donde el Órgano Superior de Fiscalización y la contraloría del poder legislativo demostrarán si es cierta la línea contra la corrupción o definitivamente solaparán otro robo del tamaño del cometido en este y muchos municipios.
Es obvio que los alcaldes han dicho que esperarán a los 120 días que marca la ley para denunciar irregularidades, pero lo interesante es saber si lo harán o seguirán en complicidad con quienes presuntamente saquearon las arcas municipales.
La diputada Azucena Cisneros Coss aseguró que, antes de vencer el término, se presentarán las denuncias correspondientes, de lo contrario se podría entender que hay una serie de convenios o compromisos por cumplir.
Las pruebas ahí están, las denuncias ya fueron presentadas, todo depende ahora del OSFEM y de la actual legislatura morenista. Si antes era “Pan con lo mismo”, ahora podría ser “Morenita es un PRI-MOR”, al tiempo.
