IMPULSO/ Agencia SUN
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) expresó su respaldo al recién liberado Álvaro Sebastián Ramírez, tras 19 años de reclusión por homicidio calificado, detenido durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), y acusado de fungir como líder del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en México.
El CNI, que designó e impulsa a María de Jesús Patricio Martínez, médico tradicional de la lengua nahua, como vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) y candidata hacia las elecciones presidenciales de 2018, ofreció al presunto ex jefe guerrillero que el Congreso “es y será siempre su casa, donde la lucha por un mundo donde quepan todos los mundos, le reconoce y espera”.
Álvaro Sebastián, de 60 años, detenido a principios de diciembre de 1997, fue liberado el pasado viernes en Oaxaca, donde según el Congreso Nacional Indígena, estuvo “durante más de 19 años secuestrado por el mal gobierno”.
En un comunicado el CNI advirtió sobre la agudización del despojo y la represión, como parte de la guerra capitalista “en contra nuestra, que tendrá siempre como respuesta nuestra resistencia y nuestra rebeldía”.
De igual manera denuncio agresiones en diferentes regiones del país contra activistas, como la cometida en el poblado Santa Cruz Acalpixca, en la delegación Xochimilco de Ciudad de México, el pasado 9 de julio, cuando la Comisión en Defensa de la Tierra recorría la zona y un grupo “auspiciado y solapado” por el gobierno de la Ciudad de México atacó “con armas de grueso calibre el vehículo de los compañeros, sin causar heridos”.
A ese ataque enlistó la agresión contra Mario Luna, secretario del gobierno tradicional de la tribu yaqui en la comunidad Vicam, Sonora, y miembro del Concejo Indígena de Gobierno, el pasado 27 de junio.
Ese día, desconocidos ingresaron a su vivienda e incendiaron su vehículo, “como parte del constate hostigamiento a la lucha de la tribu que no ha dejado de resistir en contra del funcionamiento del Acueducto Independencia que roba el agua del río Yaqui amenazando la existencia de este pueblo”.
El Congreso alertó también del “despojo que persiste” en la comunidad de los mayos en Cohuirimpo, Sonora, por empresarios que “saquean materiales pétreos”. Por tanto, puntualizó, el pasado 5 de julio, autoridades tradicionales desalojaron de manera pacífica a la empresa “que mantenía este saqueo”.
