IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recalificó el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido en agosto de 2010, como “violaciones graves”, por lo que hará pública la información del expediente.
Mencionó que a pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como violaciones graves, se atendió el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos.
El organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez, indicó que luego de un análisis se determinó que los hechos están relacionados con “violaciones graves” a los derechos fundamentales de los 72 migrantes asesinados.
“La Comisión Nacional ratifica a la opinión pública su compromiso de defender los derechos fundamentales de cualquier persona que se encuentre en nuestro país y, de conformidad con las normas jurídicas aplicables, hacer vigentes los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la verdad para confianza y certidumbre de la sociedad en general”, indicó.
Explicó que con base en el reciente análisis jurídico, se ponderaron los criterios cualitativos y cuantitativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció para determinar los casos en que ciertos hechos pueden ser considerados como “violaciones graves” de los derechos humanos, por lo que el 20 de junio de 2017 la CNDH determinó que se actualizaban dichos criterios en el caso de las 72 personas migrantes en comento.
“El aspecto cualitativo se tuvo por cumplido al estimarse en esta nueva valoración que el entorno en el cual acontecieron los hechos coincidía con un patrón de eventos criminales que se suscitaron entre los años de 2008 a 2011 en el territorio mexicano y, particularmente, San Fernando, Tamaulipas.
“Por lo que hace al criterio cuantitativo que deviene en distintos elementos específicos también fue demostrado tanto por la gravedad de la violación a los derechos humanos, la intensidad y amplitud de la violencia infligida, así como por la generalidad, la frecuencia y la prolongación en el tiempo de estos lamentables hechos violatorios”, dijo.
De acuerdo con la investigación, en agosto de 2010 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) encontraron 72 cadáveres –58 hombres y 14 mujeres— de migrantes que habían sido asesinados por miembros de la organización criminal de “Los Zetas”.
Uno de los testigos sobrevivientes narró que el comando los había interceptado cuando se dirigían a la frontera de Matamoros-Brownsville en un autobús.
Luego los llevaron a un rancho donde primero se les pidió dinero; al percatarse que los extranjeros no tenían recursos económicos, les ofrecieron trabajar para la organización criminal, a lo que aquellos se negaron y por lo que fueron privados de la vida.
El sobreviviente de la masacre dijo que el grupo de migrantes ingresó por Chiapas y su objetivo era llegar a Estados Unidos. En su declaración ante personal de la Agencia 2 del Ministerio Público, detalló que en medio de gritos, súplicas y disparos, el grupo armado lo dio por muerto.
