IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR) por violaciones a los derechos humanos.
Se trata del caso de una mujer de 38 semanas de embarazo que perdió la vida en el Hospital Militar Regional de Tampico, Tamaulipas, por una mala atención, por lo que la CNDH giró la recomendación por violaciones al derecho a la protección a la salud, a la vida y al acceso a la justicia.
La CNDH solicitó al Secretario de la Defensa Nacional reparar el daño a las personas afectadas, inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, otorgarles atención psicológica y tanatológica; además, colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de la Sedena.
En la recomendación 38/2017, se explica que el 11 de agosto de 2015, una mujer de 30 años de edad fue internada en dicho hospital para inducción del trabajo de parto.
Durante la intervención quirúrgica, la víctima presentó sangrado posparto, por lo que fue intervenida en tres ocasiones y se le extirpó la matriz.
Los médicos responsables omitieron prescribir transfusión inmediata, por lo que dicho procedimiento se realizó dos horas después, ocasionando falla multiorgánica por choque hipovolémico, y el posterior fallecimiento de la paciente.
A la víctima sólo se le practicó un estudio de laboratorio clínico, a pesar de que cuando se presenta un cuadro de hemorragia obstétrica grado IV y existe el riesgo de coagulopatía se recomienda realizar estudios seriados cada 30 minutos.
“La CNDH determinó que, al ser un experto en ginecobstetricia, el médico responsable no valoró el riesgo que presentaba el inducir el parto y, por tal motivo, debió recomendar operación cesárea, para garantizar el derecho a la vida de la paciente y la protección de su salud”, dijo.
Luego de presentar la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, fue remitida a la Delegación de la PGR en Tamaulipas, instancia que inició averiguación previa y posteriormente la envió a reserva.
“Este Organismo Nacional acreditó demora en la investigación del caso por servidores públicos de la PGR, dado que la primera diligencia se realizó casi 19 meses después de que inició la averiguación previa, con lo cual se vulneró el acceso a la justicia de la víctima y su familia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia”, señaló.
