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¿Asfixiar la filantropía? IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles La velocidad de las acciones del nuevo gobierno es tal que, con frecuencia, muchas pasan desapercibidas, a pesar de su trascendencia. Una excepción son dos notas de EL UNIVERSAL del 13 y 14 de mayo. Se refieren a la visión del presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores acerca de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), sobre las cuales AMLO ha expresado aversión. Desde su campaña expresó "le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil". Como presidente, ha reiterado su desconfianza, al afirmar que son instrumentos de los "ricos", que realizan labores sociales que, a su punto de vista, corresponden al gobierno, no a particulares. Consecuente con lo anterior, el gobierno ha iniciado diversas acciones para limitar las OSC, sin distingos o excepciones pues, como acostumbra generalizar, sitúa a todas esas organizaciones bajo la misma crítica: invasión de facultades del gobierno, y corrupción. A partir de esa actitud y visión, una vez más viola la ley, pues existe un amplio marco normativo e institucional acerca de las OSC’s. Primero, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por OSC’s, la cual señala que las dependencias y entidades públicas fomentarán las actividades de las OSC’s, mediante apoyos y estímulos; promoverán su participación en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta; establecerán sistemas de información; concertarán y coordinarán las acciones; y darán acceso a incentivos fiscales, entre otras funciones. Eso dice la Ley. Segundo, existe y funciona el "Registro Federal de las OSC’s", donde se inscriben aquéllas que cumplan los requisitos establecidos. Tercero, por si eso no fuera suficiente, se mandata un "Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a OSC’s". El padrón total nacional de OSC’s asciende a 22,508. En su versión más reciente, dicho informe detalló que, en 2018, recibieron apoyos 2,656 organizaciones. En eso se erogaron 6,600 millones de pesos, en promedio, 2.5 millones por organización. En febrero, AMLO dispuso suspender la transferencia de recursos públicos a las OSC’s, como si pretendiera extinguir la filantropía, o sea, la "ayuda desinteresada a los demás". Todo este asunto tiene connotaciones ideológicas relevantes. En primer lugar, una política de "no apoyo" gubernamental (fomento) a las OSC’s acota el espacio de la actividad filantrópica de los particulares a cambio, en principio, de una mayor intervención del gobierno. Esto supone que éste tiene recursos y capacidades suficientes para prescindir de los esfuerzos y aportaciones de los particulares, lo que no aplica en México debido a su precariedad fiscal. En la reflexión global sobre la filantropía, se debate también si los ciudadanos pueden determinar, hasta por cierto monto de sus impuestos, el destino al que desean canalizar esos recursos. Por qué aportarlos a la "bolsa general" del erario, lo que deja al gobierno determinar qué se apoya y qué no, cuando los ciudadanos pueden tener preferencias específicas distintas (combatir el cáncer, el SIDA, la pobreza extrema, etc.). Además, se reconoce que existen ciertas actividades de apoyo a la población más vulnerable que el gobierno no puede realizar, o lo hacen a un costo superior y con menor eficacia que si lo hacen OSC’s, más cercanas a las comunidades y sus problemas. La amplitud de la crisis detonada por la nueva política establecida por AMLO es la prueba contundente de las múltiples actividades en que OSC’s concurren para complementar las políticas públicas de bienestar. Eso no quiere decir que no haya, en algunos casos, yuxtaposición con actividades que correspondería realizar al gobierno, tampoco que no incidan intereses no justificables, ni que no haya corrupción en un subconjunto de esas organizaciones. De nuevo, al no hacer diferenciaciones, y adoptar disposiciones generales como remedio para casos específicos, muchos mexicanos resultan afectados sin necesidad. Debe lamentarse que las propias OSC’s no hayan desarrollado un sistema de auto-regulación para evitar esas deficiencias. La política del gobierno hacia las OSC’s es un asunto de la mayor trascendencia y significado. AMLO ha advertido que considera incluso eliminar el mecanismo que permite que las OSC’s expidan recibos deducibles de impuestos. ¿Es posible asfixiar a la filantropía?

Clase media estrujada

19 de septiembre, 2019

IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles G.G.
Andrés Manuel López Obrador concluye el décimo mes como presidente con una alta aprobación general, y un segmento numeroso de la opinión pública satisfecha con él y su gestión. Reconocer esto aclara lo que viene.
Treinta millones de ciudadanos votaron por él debido a su hartazgo con la corrupción e incompetencia anteriores, en especial durante el sexenio de EPN. Muchos de esos ciudadanos pertenecen a las clases populares de México, a quienes estuvieron dirigidos sus mensajes durante 18 años de campaña, y lo siguen estando. AMLO les dice lo que quieren oír y les habla de manera que lo entienden y les cautiva. Sus políticas y programas están dirigidos a cumplir sus promesas a esas clases populares.
No podría ser de otra manera. Un presidente populista, por definición, atiende las demandas de los grupos más numerosos y necesitados, pues su aprobación se relaciona con éstas directamente. Exigen apoyos económicos directos e inmediatos, una ampliación de políticas asistenciales: pagos directos a adultos mayores, “becas” en función de los niños en primaria y secundaria; pensión para personas con discapacidad; apoyos para hijos de madres trabajadoras y transferencias para la población rural campesina. Eso es lo que quieren, y eso es lo que están recibiendo.
A diferencia, las clases medias demandan empleos formales, bienes importados, mejores servicios, mejores condiciones de vida (Estado de derecho, estabilidad económica, seguridad, aspiran a la educación privada, etc.); sin embargo, en términos relativos, reciben menos del gobierno que los grupos populares.
Las clases medias están mejor informadas de lo que acontece, y tienen una mejor comprensión del impacto de las acciones de gobierno hoy; tienen horizontes de preocupación temporal y social más amplios, en comparación con segmentos populares; también, están más involucradas en actividades de la sociedad civil y sus organizaciones. Esto implica que, ante una presidencia populista, les surgen preocupaciones por su situación dentro de 10 años y, sobre todo, por sus hijos. La conciencia sobre los efectos intergeneracionales del populismo es mucho mayor.
Las clases más favorecidas, y sus hijos, están relativamente “blindadas” en lo económico. Tienen activos productivos o propiedades, inversiones financieras, en México y fuera del país. Si bien sus expectativas económicas se deterioran en el populismo, tienen para aguantar. En lo político, pueden cobrar distancia respecto del gobierno.
La última encuesta GEA-ISA señala que la aprobación global del presidente, en septiembre, permanece alta: 61%, pero no sin precedente. Al cuarto trimestre de su primer año de gobierno, la aprobación del presidente Calderón fue 60%.
El estrujamiento de las clases medias no se inició con el presidente López Obrador, viene desde cuando el país dejó de crecer a tasas que permitieran una mejora sustancial del ingreso per cápita. Durante el periodo 2001-2018, el ingreso per cápita real aumentó sólo 1.0% anual. Ritmo que no permitió una mejora significativa de las condiciones de vida de las mayorías. Eso abonó al hartazgo y a que clases populares, y parte de las medias, votaran por AMLO. Ahora podría suceder lo mismo; y desgraciadamente se anticipa que, a falta de crecimiento, dicho estrujamiento continuará.
Segmentos de las clases medias se dan cuenta ya de sus perspectivas; la tasa de desaprobación de AMLO creció de 21% en diciembre a 30% en septiembre; la intención de voto por Morena para diputados federales disminuyó, de 44% en diciembre, a 29% en septiembre.
Además, los partidos de oposición se recuperan lentamente; la identificación partidista con Morena cayó, de 39% en diciembre, a 26% en septiembre. La renovación de la Cámara de Diputados en 2021 se aproxima, y los partidos de oposición cada vez coinciden más en la oportunidad que eso representa para eliminar la sobrerrepresentación de Morena y su coalición en el Congreso.