IMPULSO/Rogelio Gómez Hermosillo
Artículo
El próximo Gobierno puede reducir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos sociales. No bastarán las transferencias monetarias a jóvenes y adultos mayores. Tampoco la reducción de la corrupción depredadora de estos últimos años. Se requieren nuevas políticas si se quieren transformar de manera sostenible las condiciones estructurales que generan pobreza.
Hay diversas condiciones de pobreza y desigualdad; en esta ocasión destaco dos: a) La pobreza laboral, porque quien trabaja no debe ser pobre. b) La deuda histórica de la pobreza crónica de pueblos indígenas y zonas rurales.
Requieren acciones diferenciadas. Sugiero cinco acciones indispensables que además deben ser acompañadas de sólidas medidas anticorrupción y de formas adecuadas de participación social. Frente a la pobreza y la desigualdad, el enfoque de derechos derivado del artículo 1º constitucional debe ser pilar central.
1) Romper la contención salarial. Diversos estudios muestran el deterioro creciente del ingreso de la “clase trabajadora”. Se requieren dos medidas para el incremento de los salarios reales: la recuperación “rápida” del valor del salario mínimo y el incremento gradual del conjunto de los salarios en dos pasos: primero con base en la productividad ya lograda y posteriormente con base en su mejora futura.
2) Combatir la violación a derechos laborales. Entre otras, urge enfrentar: la contratación por “honorarios”, sin seguridad social, en empresas formales y en el gobierno; los contratos de protección suscritos con sindicatos patronales, a espaldas de sus agremiados; el outsourcing con menores prestaciones y salarios; la legislación discriminatoria contra trabajadoras del hogar.
Estas dos acciones contra la pobreza laboral están en manos de la Secretaría del Trabajo. La futura secretaria conoce de cerca las batallas por la democracia y la libertad sindical. Sería deseable que no abandone esa agenda.
La pobreza crónica requiere también varias medidas de acción; enlisto tres:
3) Construir infraestructura que rompa el aislamiento del Sur – Sureste. Mediante un ambicioso “Plan Marshall” con carreteras, conectividad y vinculación a mercados con enfoque de desarrollo regional y cohesión social. Y con un claro compromiso de impulso a los pueblos indígenas con sus formas de representación y gobierno.
4) Fomento al cooperativismo y las diversas formas de propiedad social. El desarrollo de la productividad de pequeños productores requiere asociación. Una política de fomento basada en fondos de inversión de capital de riesgo, sin burocracia y sin clientelismo, podría detonar el crecimiento de la productividad en las regiones más rezagadas. Especialmente si se abren mercados para empresas sociales y cooperativas en nichos como la producción orgánica, el turismo “alternativo” y diversas ramas de servicios.
5) Arreglar el Prospera. Los hogares en condiciones extremas requieren transferencias de ingreso. Hay evidencia de que las transferencias en efectivo asociadas al ejercicio de derechos sociales, conforme al diseño original del Progresa, pueden dar buenos resultados, siempre y cuando se garanticen los servicios de salud y educación.
Por ejemplo, en salud resulta indispensable priorizar la nutrición, salud y formación para el desarrollo del cerebro los primeros mil días de vida. Y también la atención a salud sexual y reproductiva de jóvenes. En educación hay que invertir en la mejora de calidad y cobertura para las zonas más pobres.
Estas acciones frente a la pobreza crónica dependen sobre todo de las Secretarías de Comunicaciones, de Economía, de Salud y de Educación. Sería un gran error asignar la responsabilidad de reducir la pobreza como tarea de una sola Secretaría.
