IMPULSO/ Julio César Zúñiga
México
: El autogobierno, sobre población, carencia de servicios de salud, condiciones mínimas de higiene, permite que estos centros de reinserción social, no cumplan con su misión de rehabilitar a los internos.
: Los centros penitenciarios tienen hacinamiento ante una crisis en la impartición de justicia que cada día es más lejana en México, la entidad no es la excepción, pues tiene una sobrepoblación del 120 por ciento en sus 22 cárceles.
Los abusos, la corrupción y el autogobierno, así como las violaciones a derechos humanos, la tortura, la carencia de servicios de salud y las condiciones mínimas de higiene, son el común denominador de los centros penitenciarios y hacen evidente que, lejos de lograr su objetivo de reinsertar a las personas en la sociedad, se han convertido en altas escuelas de delincuentes de alta peligrosidad.
No obstante este contexto, lejos de interesarse por lo que pasa en las cárceles, la sociedad parece ser cada vez más tolerantes a dichos abusos pensando utópicamente que están llenas de delincuentes y no de gente sin acceso a una defensa adecuada, como sucede en la realidad, sin reparar en lo preocupante que es vivir en un país, según expertos, con un sistema penitenciario fallido cuyas consecuencias las sufrimos cotidianamente todos en todas partes.
De acuerdo con las y los expertos en el tema, el sistema penitenciario es el último eslabón de una cadena de violencia institucional que impacta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, y las cárceles de todo el país representan la crisis del sistema de justicia que hay en México, pues ahí se reproduce toda la cadena de corrupción e impunidad que va desde la procuración de la justicia hasta su impartición.
Es evidente, sostienen, que en prácticamente todas las prisiones que existen en el territorio nacional se da una sistemática violación de los derechos humanos, lo cual debería llevar a una revisión inmediata sobre qué se ha hecho al respecto incluyendo la corrupción, para evitar que se sigan cometiendo crímenes desde prisión: extorsiones, secuestros, homicidios, y todo tipo de delitos relacionados con la delincuencia organizada se siguen llevando a cabo aún y cuando los responsables se encuentran privados de la libertad.
En la última Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (Enpol), se establece que en la cárcel, más que delincuentes de alta peligrosidad, hay personas de bajos recursos que vienen de contextos precarizados y que están ahí, no por delitos violentos, sino por robo, y a pesar de que no representan un riesgo comprobable a la sociedad, están en prisión expuestos a la perversión, la violencia y la muerte.
Dicha encuesta, que tiene como propósito generar información estadística sobre las características de la población penitenciaria y las condiciones de procesamiento e internamiento, resalta que arriba del 50 por ciento de la población penitenciaria es menor de 35 años, 83 por ciento son padres de menores de edad y el 66 por ciento de estos trabajaba en la economía informal como artesanos, trabajadores del campo, choferes o vendedores ambulantes.
Es de subrayar lo relacionado a quienes se dedicaban a actividades ilegales que apenas alcanzan el 2 por ciento; así como el dato de que el 71 por ciento sólo terminó la educación básica y de estos, el 42 por ciento tuvo que dejar de estudiar para empezar a trabajar, mientras que otro 20 por ciento delinquió porque carecía de recursos para sus necesidades básicas; aunque lo más impactante, es que de estas personas, que en un 88 por ciento se encuentran en proceso por algún tipo de robo, sólo el 10 por ciento tiene cargos por portación ilegal de arma de fuego, y más del 73 por ciento no tenía antecedentes penales al momento de su detención.
En cuanto a la violación a los derechos humanos, la encuesta muestra que la violencia en las penitenciarias en generalizada y empieza desde el momento de la detención, pues arriba del 57.8 por ciento de los casos, la autoridad utilizó excesiva fuerza física para someter al detenido, no obstante que el 88 por ciento de ellos no se resistieron al arresto. Lo más preocupante es que de cada 100 mujeres detenidas, el 72 por ciento aseguran haber sufrido violencia sexual al momento de ser detenidas; de ellas, 97 por ciento sufrió violencia física y el 100 por ciento violencia psicológica.
En este entorno, y según el Diagóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Cosión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Estado de México obtuvo una calificación de 6.40 en la inspección a 11 de los 22 centros penitenciarios existentes en territorio mexiquense, en los que se detectaron sobrepoblación, hacinamiento, ingobernabilidad, inadecuadas sanciones disciplinarias, autogobierno, corrupción, extorsión, sobornos, tráfico de sustancias prohibidas y cobro de privilegios, entre otros.
Como botón de muestra, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 del Inegi, el total de la población penitenciaria en el Estado de México es de 25 mil 723 reos, y también reveló la sobrepoblación existente en los penales, ya que en el centro penitenciario de Ecatepec la sobrepoblación representa 495 por ciento de su capacidad; en el de Chalco, 452 por ciento; en el de Tlalnepantla de Baz, 386 por ciento; y en el de Cuautitlán, 402 por ciento, por citar algunos.
Para revertir esta situación, el gobierno del Alfredo del Mazo Maza admite que es necesaria la consolidación del sistema penitenciario con una visión humanitaria que permita, a través del fortalecimiento de la infraestructura y la mejora en sus programas, lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad; así como ampliar y modernizar sus instalaciones para disminuir la sobrepoblación.
En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, establece que trabajará en la vinculación con los sectores privado y social para aumentar los programas de la industria penitenciaria, con el propósito de otorgar trabajo a las personas privadas de su libertad, la certificación de las instituciones penitenciarias, la capacitación y mejora de las condiciones laborales del personal de custodia y administrativo, así como acrecentar los sistemas tecnológicos de control de acceso, video vigilancia, monitoreo y de inhibición de telefonía celular.
En congruencia, como parte del fortalecimiento del Sistema Penitenciario en la entidad, iniciaron las labores del nuevo Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo Sur, que tuvo una inversión de 875 millones de pesos, y el cual permitirá el desahogo de mil 040 espacios, en atención a la sobrepoblación de otros penales.
Está equipado además, con dispositivos no intrusivos de revisión de visitas: bandas de rayos “X”, detectores de metales, detectores de circuitos electrónicos, detectores de movimiento, circuito cerrado de televisión enlazado al C5 Toluca; control electrónico de puertas, torniquetes con identificadores biométricos; áreas médica, de apoyo psicológico, educativas, talleres de trabajo, zonas deportivas, biblioteca, panadería, tortillería, cocina, de visita familiar etc., espacios que favorecen el proceso de reinserción social.
En tanto que para el Poder Judicial del Estado de México, 2018 fue el año de la transformación tecnológica hacia la justicia digital, ya que se amplió el uso intensivo y pertinente de la tecnología para consolidar la innovación en los tribunales, haciando así frente al déficit que continúa siendo importante, pues mientras a nivel internacional hay 16 jueces por cada 100 mil habitantes, en la entidad hay sólo 2.5; es decir, seis veces menos para servir a la entidad con mayor población del país. Asimismo, y el presupuesto per cápita es 30 por ciento inferior a la media nacional.
Para abonar a la despresurización de las cárceles mexiquenses, Sergio Javier Medina Peñaloza informó que en 2018 entregaron 987 brazaletes electrónicos que permiten a los sentenciados de delitos que no son de alto impacto, cumplir su condena o llevar su proceso en libertad. Esto es 5 veces más que en 2017, y se consolida así el esfuerzo de colaboración institucional con el ejecutivo del estado, para avanzar en este nuevo modelo de justicia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de la entidad Alfredo del Mazo el 5 de agosto anunciaron la construcción de dos penales más en el Estado de México
50 por ciento de la población penitenciaria en las cárceles mexicanas es menor de 35 años, 83 por ciento son padres de menores de edad y el 66 por ciento de estos trabajaba en la economía informal, según datos de la Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (Enpol).
28 mil presos son los recluidos en los 22 centros penitenciarios del Estado de México, cuando estos solo deberían tener 13 mil, expresó el gobernador Alfredo del Mazo el pasado 5 de agosto.
20 por ciento de los presos delinquió porque carecía de recursos para sus necesidades básicas; lo más impactante, es que de estas personas, que en un 88 por ciento se encuentran en proceso por algún tipo de robo.
987 brazaletes electrónicos en la entidad permiten a los sentenciados de delitos que no son de alto impacto, cumplir su condena o llevar su proceso en libertad.
