IMPULSO/Agencia SUN
España
El presidente catalán Carles Puigdemont amagó este jueves con convocar a comicios autonómicos que pusieran fin a las especulaciones sobre la declaración de independencia. En el último momento, dio un paso atrás, rechazó la convocatoria y dejó en las manos del Parlamento regional la decisión de proclamar este viernes una República.
El intento de elecciones de Puigdemont fue tan serio que convocó dos veces a los medios para su declaración. Diplocat (el servicio diplomático catalán) emitió una circular en la que comunicaba a sus representantes en el extranjero que la fecha del proceso sería el 20 de diciembre.
La noticia generó una ola de rechazo entre los independentistas, con anuncios de dimisiones en la administración catalana, una manifestación espontánea de universitarios y polémicas en redes sociales entre los políticos; sin embargo, a última hora Puigdemont cambió el guión y en su comparecencia aseguró: “He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad”.
“[El artículo 155] se aplica fuera de la ley, es abusiva e injusta, que busca erradicar no sólo el soberanismo, sino toda la tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí”, señaló antes de añadir: “No acepto estas medidas por injustas”.
El objetivo de Puigdemont con la convocatoria era disolver el Parlamento catalán y dar por terminada la Legislatura para que el gobierno del presidente Mariano Rajoy interpretara que no existían razones para retirarle competencias a Cataluña y asumirlas desde Madrid como garantía de que la comunidad no declarará su independencia.
El líder de la comunidad consideró que las medidas de control sobre Cataluña que implica el 155 no son proporcionales, sino que “esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1 de octubre”, día del referéndum ilegal sobre la secesión.
Descartadas las elecciones, el presidente dejó la responsabilidad de declarar la independencia a la Cámara de la región.
“Corresponde al Parlamento proceder con lo que la mayoría determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Cataluña del artículo 155”, declaró.
No está claro si la declaración se votaría en el Parlamento o la validaría Puigdemont directamente, exponiéndose a un delito de rebelión y una larga condena de cárcel.
La incomodidad del líder catalán este jueves era evidente. El principal diario de Cataluña, “La Vanguardia”, reveló que Puigdemont ofreció el pasado miércoles cederle la presidencia a su segundo, Oriol Junqueras, pero él se negó.
El periódico también informó que este jueves dimitió el conseller de Empresa y Conocimiento del gobierno catalán, Santi Vila, quien tenía posiciones moderadas sobre el independentismo.
El secretario de Organización del Partido Socialista (PSOE), José Luis Ábalos, reconoció que la acción “no es un buen presagio”, pero sigue “abierta la puerta de la esperanza”.
La vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró: “Hay que rescatar a Cataluña por mucho que algunos se empeñen en dejarla fuera de la ley”.
Sáenz de Santamaría cumplió con el trámite de defender la petición del gobierno al Senado de ceder los poderes en Cataluña que considere para restablecer la ley.
“El viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad”, añadió la vicepresidenta.
El artículo 155 sigue su trámite y parece inevitable que sea aprobado el viernes en el Senado; sin embargo, todo queda a la espera de los movimientos de Puigdemont en las próximas horas.
La comisión del Senado encargada de analizar el artículo de la Constitución introdujo una enmienda del PSOE en favor de la “aplicación gradual” de los preceptos planteados por el gobierno. De esta manera, el artículo se revisará en función de los acontecimientos, e incluso se podría suspender si “cesan las causas que la motivan”.
De lo contrario, a partir de la tarde del viernes el Consejo de Ministros, con la aprobación de la Cámara Alta, podrá aplicar las medidas del artículo y destituir a Puigdemont y su gobierno.
