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Barcelona
La pregunta será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, anunció Puigdemont en Barcelona, desde la presidencia del gobierno catalán, la Generalitat. La respuesta sería “sí” o “no”
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció este viernes un referéndum sobre la independencia de esta región española para el domingo 1 de octubre, pese a su prohibición por la justicia y la oposición frontal del gobierno español.
En caso de celebrarse la consulta, la pregunta será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, anunció
Puigdemont en Barcelona, desde la presidencia del gobierno catalán, la Generalitat. La respuesta sería “sí” o “no”.
El presidente catalán aún debe convocar formalmente la consulta, que podría acarrearle problemas judiciales tanto a él, por ejemplo en forma de inhabilitación, como a los funcionarios que participen en su organización.
Su proyecto choca de plano con el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, opuesto a esta consulta, declarada anticonstitucional por la justicia.
“Cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico”, dijo este viernes el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
“Ese referéndum no se va a celebrar porque es ilegal”, remachó.
El Tribunal Constitucional ha bloqueado todos los pasos dados por los nacionalistas hacia la celebración de un referéndum, y cuando se formalice el anuncio de este viernes, con toda seguridad volverá a actuar de nuevo.
En su comparecencia en la Generalitat, Puigdemont argumentó que los separatistas han intentado “de manera reiterada” pactar un referéndum con el gobierno central español.
Sin embargo, “no hemos tenido ninguna respuesta positiva”, añadió. El líder nacionalista puntualizó no obstante que “la respuesta que den nuestros conciudadanos en forma de ‘sí’ o de ‘no’ será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar”.
El 9 de noviembre de 2014 ya se organizó una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña, en la que participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar.
Dicho acto le ha costado una inhabilitación de dos años por desobediencia al entonces presidente regional, Artur Mas, por mantener la organización de la consulta, suspendida días antes por el Tribunal Constitucional.
La fiebre independentista en Cataluña arrancó en 2010, cuando el Tribunal Constitucional anuló parcialmente el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña adoptado en 2006, que ampliaba las competencias de la región.
Siete años después, la sociedad catalana está dividida sobre la independencia. Un 48,5% está en contra y un 44,3% a favor, según el último sondeo del gobierno catalán, aunque una amplia mayoría (73,6%) defiende que se celebre esta votación.
Alrededor de la defensa del referéndum se reunieron inicialmente sectores no independentistas, como el nuevo partido de izquierda alternativa Cataluña En Común, liderado por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, sindicatos, algunas asociaciones empresariales e incluso el FC Barcelona.
Pero la apuesta por la unilateralidad ha resquebrajado esta unión. El partido de Colau se ha mostrado tibio hasta ahora, pidiendo que se cumplan garantías democráticas y sobre todo que se explique de manera precisa cómo se haría el referendo.
Por otro lado no han dado frutos sus esfuerzos para obtener apoyos en el extranjero. La Comisión de Venecia, un órgano del consejo de Europa especializado en temas constitucionales, incluso afirmó el 2 de junio que todo referéndum tendría que ser pactado con el Estado.
Los planes de Puigdemont pasan por la aprobación en las próximas semanas de una ley destinada a “desconectar” la región del ordenamiento jurídico español, y dotarle de poderes para convocar el referéndum.
A la espera de novedades, a los funcionarios les preocupa verse atrapados en un “choque de trenes”, dijo a la AFP Joan Escanilla, presidente en Cataluña del sindicato CSI-F, que tiene allí a cerca de 9.000 afiliados.
“Nos han llamado bastantes funcionarios, preocupados por el tema. Estos días es un bombardeo continuo”, aseguró.
Las llamadas vienen de “un montón de administraciones”, como colegios, ayuntamientos o tribunales, que se verían implicados en la celebración de un referendo.
“El problema que tenemos los funcionarios es que estamos en medio de la vía, y vamos a recibir de un tren o de otro. Ese es el sentimiento de los funcionarios, o al menos de una gran parte”.
