IMPULSO/Francisco Rivas
Artículo
Este sexenio se encuentra en su recta final, cinco años y cuatro meses que se han caracterizado por un contraste entre autoelogios, declaraciones de eficacia, capacidad de colaboración y una clara evidencia de falta de resultados en materia de seguridad.
En este sexenio, hemos roto cuatro lamentables récords: 2013 fue el año con las mayores tasas de secuestro y extorsión, 2017 el año con las mayores tasas de homicidio doloso y robo a negocio desde que contamos con una numeraria comparable entre sí.
Aún más, con base en el número de carpetas de investigación y averiguaciones previas reportadas por procuradurías y fiscalías de todo el país, de diciembre de 2012 a febrero de 2017, se han cometido la misma cantidad de homicidios que en todo el lamentable sexenio anterior, permitiendo afirmar que éste es el sexenio con la mayor cantidad de homicidios de la historia reciente de México.
Además, esta Administración dejará el saldo y herencia de una violencia diferente y más compleja que la que recibió. En 2012, la violencia se encontraba localizada en alrededor de 10 estados, hoy, por lo menos, 28 entidades viven aumentos de incidencia delictiva o en una abierta crisis de violencia.
Hace seis años inició un comportamiento a la baja de varios delitos, lo que nos permitía ser optimistas sobre el futuro de México, poblaciones como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana eran ejemplos de que la violencia se podía revertir.
Hoy, el comportamiento de casi todos los delitos se mantiene al alza, vivimos niveles máximos de incidencia de una mayor diversidad de delitos, no se vislumbran mejoras en el corto y mediano plazo, las ciudades modelo (Ciudad Juárez y Tijuana) viven una nueva crisis de violencia y algunas urbes o entidades que eran ejemplos de tranquilidad lideran los ‘rankings’ de violencia.
Hacia finales del sexenio pasado, la preocupación por la seguridad marcó la agenda del gobierno y de los candidatos. Hoy, la opinión pública parece que se acostumbró a escuchar tasas de homicidio, robos y desapariciones.
En este contexto, se inscriben las elecciones del Ejecutivo federal, Congreso de la Unión, nueve gubernaturas y un sin fin de alcaldías y representaciones locales. Lamentablemente, carecemos hasta el momento de propuestas claras de los candidatos que permitan explicar cómo las futuras autoridades piensan activar al conjunto del aparato estatal; generar la necesaria institucionalización de los cuerpos de seguridad y justicia, homologar condiciones salariales, de equipamiento y formación; combatir las diferentes manifestaciones de la corrupción; incentivar el respeto de la norma.
En la última década, escuchamos promesas de reducción de homicidios y de capacidad de colaboración, pero si algo aprendimos es que los homicidios no disminuyen por decreto, la cooperación se debe sustentar en un plan y lograrla no es tarea sencilla.
Tampoco resulta fácil que el gasto en seguridad se transforme en inversión, que el dinero público se use correctamente o que se rompen las redes de corrupción y abata la impunidad.
México requiere de acciones, no de promesas sin sustento que sólo dañan más la credibilidad de las instituciones. Urge que los candidatos presenten un plan que explique cómo van a lograr lo que hoy parece una tarea titánica: que el respeto a la ley y a los derechos del otro sean el vehículo generador de paz.
