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¿Asfixiar la filantropía? IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles La velocidad de las acciones del nuevo gobierno es tal que, con frecuencia, muchas pasan desapercibidas, a pesar de su trascendencia. Una excepción son dos notas de EL UNIVERSAL del 13 y 14 de mayo. Se refieren a la visión del presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores acerca de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), sobre las cuales AMLO ha expresado aversión. Desde su campaña expresó "le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil". Como presidente, ha reiterado su desconfianza, al afirmar que son instrumentos de los "ricos", que realizan labores sociales que, a su punto de vista, corresponden al gobierno, no a particulares. Consecuente con lo anterior, el gobierno ha iniciado diversas acciones para limitar las OSC, sin distingos o excepciones pues, como acostumbra generalizar, sitúa a todas esas organizaciones bajo la misma crítica: invasión de facultades del gobierno, y corrupción. A partir de esa actitud y visión, una vez más viola la ley, pues existe un amplio marco normativo e institucional acerca de las OSC’s. Primero, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por OSC’s, la cual señala que las dependencias y entidades públicas fomentarán las actividades de las OSC’s, mediante apoyos y estímulos; promoverán su participación en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta; establecerán sistemas de información; concertarán y coordinarán las acciones; y darán acceso a incentivos fiscales, entre otras funciones. Eso dice la Ley. Segundo, existe y funciona el "Registro Federal de las OSC’s", donde se inscriben aquéllas que cumplan los requisitos establecidos. Tercero, por si eso no fuera suficiente, se mandata un "Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a OSC’s". El padrón total nacional de OSC’s asciende a 22,508. En su versión más reciente, dicho informe detalló que, en 2018, recibieron apoyos 2,656 organizaciones. En eso se erogaron 6,600 millones de pesos, en promedio, 2.5 millones por organización. En febrero, AMLO dispuso suspender la transferencia de recursos públicos a las OSC’s, como si pretendiera extinguir la filantropía, o sea, la "ayuda desinteresada a los demás". Todo este asunto tiene connotaciones ideológicas relevantes. En primer lugar, una política de "no apoyo" gubernamental (fomento) a las OSC’s acota el espacio de la actividad filantrópica de los particulares a cambio, en principio, de una mayor intervención del gobierno. Esto supone que éste tiene recursos y capacidades suficientes para prescindir de los esfuerzos y aportaciones de los particulares, lo que no aplica en México debido a su precariedad fiscal. En la reflexión global sobre la filantropía, se debate también si los ciudadanos pueden determinar, hasta por cierto monto de sus impuestos, el destino al que desean canalizar esos recursos. Por qué aportarlos a la "bolsa general" del erario, lo que deja al gobierno determinar qué se apoya y qué no, cuando los ciudadanos pueden tener preferencias específicas distintas (combatir el cáncer, el SIDA, la pobreza extrema, etc.). Además, se reconoce que existen ciertas actividades de apoyo a la población más vulnerable que el gobierno no puede realizar, o lo hacen a un costo superior y con menor eficacia que si lo hacen OSC’s, más cercanas a las comunidades y sus problemas. La amplitud de la crisis detonada por la nueva política establecida por AMLO es la prueba contundente de las múltiples actividades en que OSC’s concurren para complementar las políticas públicas de bienestar. Eso no quiere decir que no haya, en algunos casos, yuxtaposición con actividades que correspondería realizar al gobierno, tampoco que no incidan intereses no justificables, ni que no haya corrupción en un subconjunto de esas organizaciones. De nuevo, al no hacer diferenciaciones, y adoptar disposiciones generales como remedio para casos específicos, muchos mexicanos resultan afectados sin necesidad. Debe lamentarse que las propias OSC’s no hayan desarrollado un sistema de auto-regulación para evitar esas deficiencias. La política del gobierno hacia las OSC’s es un asunto de la mayor trascendencia y significado. AMLO ha advertido que considera incluso eliminar el mecanismo que permite que las OSC’s expidan recibos deducibles de impuestos. ¿Es posible asfixiar a la filantropía?

Cancelar aspiraciones

3 de octubre, 2019

IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles G.G.
La llamada Cuarta Transformación modifica a fondo aspiraciones de la sociedad. Para segmentos numerosos, este cambio representa una esperanza de mejoría (33% espera que el próximo año la situación económica del país sea mejor, encuesta GEA-ISA). Por contra, para otros significa perspectivas menos buenas que antes. Para todos, presenta la esperanza de que el gobierno del presidente López Obrador sea capaz de reducir sustancialmente la corrupción que corroe a México.

En ese aspecto muchos concurren, pues es la primera vez que un gobierno no sólo plantea, sino que en los hechos ejecuta acciones para combatirla, sobre todo la del pasado.
Al unísono, amplios grupos de la población enfrentan un escenario que demanda cancelar aspiraciones. Una central es no esperar una mejora gradual de las condiciones de vida (bienestar) de amplios segmentos de mexicanos.
Durante los últimos 18 años, el PIB de México apenas creció 2.2% anual en promedio, lo que permitió un magro aumento anual de 0.7% del ingreso per cápita. Pero ahora, incluso esa aspiración se desvanece. El propio gobierno proyecta aumentos del PIB de sólo 0.9% en 2019, y los privados de 1.2% anual en 2019-2021. Como las oportunidades de empleo van emparejadas con el crecimiento, diversas generaciones, sobre todo las más jóvenes, ven con preocupación su futuro laboral y personal. Las de mayor edad se preocupan por las perspectivas de sus pensiones; millones de mexicanos que aportan al SAR recibirán una pensión insuficiente, debido a la falta de una reforma a fondo del SAR, cancelando la aspiración a una pensión digna.
A la luz de la reversión de la reforma educativa, otra aspiración que corresponde cancelar es el acceso a educación pública de calidad, gratuita y laica. Este factor de permeabilidad social perderá potencia; habrá que ajustar expectativas. Incluso algunos grupos sociales que puedan, considerarán sustituir educación pública por privada, con el correspondiente sacrificio de bienestar para las familias. Más allá de la educación básica, la prometida multiplicación de espacios de educación media y superior decepcionará.
La generación que vivió la crisis del 68 ha anhelado vivir con paz pública, y en un Estado de Derecho. Las generaciones que le siguieron sólo conocen una convivencia social con más y más violencia, entre mexicanos, y entre mexicanos y la autoridad. Entre mexicanos, porque se asesinan a diario por rencillas de origen criminal; la promesa de cambio, que se limita al actuar de la Guardia Nacional, será insuficiente.
Respecto a la relación ciudadano–autoridad, los incidentes más recientes, que ejemplifican la ausencia de orden público, son que hasta las manifestaciones más justificadas acaban en actos de violencia y daños a la propiedad. El conflicto entre el ejercicio del derecho de manifestación y el de terceros a la paz y al libre tránsito es cada día más frecuente. En las autopistas, las casetas de cobro se toman y se bloquea el libre tránsito. Eso es lo que conocen las generaciones más jóvenes y a lo que nos hemos resignado otras. No se anticipa en el horizonte mediato una estrategia para lidiar con este complejo problema que toca la extra territorialidad; parecería que ni siquiera existe la intención de hacerlo. De ahí que habrá que cancelar la aspiración de vivir en paz pública.
Otra aspiración a cancelar es la de preservar e, incluso, mejorar el medio ambiente. En eso fallamos como generación de mexicanos y nuestros gobiernos. La respuesta de México ante la Cumbre de Acción Climática fue contundente: ni AMLO concurrió a la reunión. Salvo quienes participaron en las manifestaciones de la Huelga Global Climática (20 de septiembre), la sociedad mostró una insensibilidad total. ¿Dónde quedan los compromisos de México? Comprometimos evitar en 30% la emisión de gases de efecto invernadero en 2020; 22% en 2030, y 50% para 2030. Caminamos para atrás, por ejemplo, al cancelar las subastas de energías limpias.
Otros aspectos cruciales en los que habrá que cancelar aspiraciones son, por ejemplo, la salud universal efectiva, y la reducción de desigualdades y pobreza. Es claro que, salvo en combate a la corrupción, todos los días México se rezaga más. Lo que habrá que cancelar es la aspiración a la prosperidad.