La reforma al Poder Judicial sigue prendiendo las alertas entre las empresas globales, consideran que no sólo se verá afectada la confianza de los inversionistas, también puede desencadenar una serie de arbitrajes internacionales contra México.
La Cámara de Comercio Internacional (ICC por su sigla en inglés) y su capítulo de México señalaron que en las últimas tres décadas, el Poder Judicial Federal ha sido un contrapeso importante en contra de decisiones de otros poderes que afectan a las inversiones y que pudieran considerarse arbitrarias y violatorias del derecho nacional e internacional.
‘De hecho, en años recientes y a través de sus resoluciones, el Poder Judicial Federal evitó el inicio de muy numerosos arbitrajes inversionista-estado que pudieron probablemente haber repercutido en multimillonarias condenas contra México’, indicaron en un comunicado.
Agregaron que México vive un momento clave con el fenómeno del ‘nearshoring’, que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales, la cual puede verse comprometida si no se garantiza la estabilidad y certidumbre jurídica necesarias para los inversionistas.
‘La ICC global (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y su capitulo mexicano solicitan respetuosamente al Congreso de la Unión actuar con cautela ante la propuesta de reforma al Poder Judicial, porque en los términos en que está redactada, podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano’.
Explicaron que en los términos en que está redactada la propuesta de reforma al Poder Judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros genera incentivos negativos que podrían repercutir en la politización de su función o en la injerencia de terceros.
Además, México ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras.
México se coloca como uno de los países que más demandas enfrentan por parte de inversionistas extranjeros, en el mundo ocupa el cuarto lugar, y en América Latina y el Caribe, el tercero, de acuerdo con un reporte de Transnational Institute, un think tank internacional.
