IMPULSO/Julio César Zúñiga
Ocoyoacac
: El operativo de más de cinco mil elementos policiacos para resguardar las obras del tren ligero en los valles que componen el parque nacional espanta el turismo.
Comuneros de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, denunciaron pérdidas por más de 30 millones de pesos por el apostamiento de más de cinco mil elementos policiacos en los valles que componen el parque nacional La Marquesa, esllo para resguardar las obras del tren ligero, lo que ha ahuyentado el turismo.
Petra Montes Torres, vocera de este movimiento, afirmó que existe poco interés en el diálogo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esto luego de que nunca se presentó el director General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), Guillermo Nevárez Elizondo, a quien invitaron a una mesa de diálogo enfrente de Palacio de Gobierno.
“Esto demuestra la falsedad de que Nevares Elizondo, a través del comunicado 150, afirmara que busca el diálogo, pues, si fuera verdad, estaría aquí. El diálogo para nosotros solamente versa en dos sentidos, respeto a los derechos humanos y recursos naturales de la región. Esperábamos su presencia para plantearle que no se pueden hacer grandes obras de infraestructura sin contemplar el respeto de la tierra y el respeto a la dignidad de los humanos”, subrayó.
Montes Torres informó que la comunidad afectada es de mil 310 comuneros de San Jerónimo Acazulco y 167 de San Juan Coapanoaya, pero en general pronostican que, por el daño que provocarán al agua, más de 20 mil habitantes de la zona serán afectados, ya que las obras del tren ligero están afectando los mantos freáticos, al grado de que sus pozos y demás cuerpos de agua han bajado su nivel.
Señaló asimismo que es claro que el Gobierno del Estado y el Federal “se han coludido para implementar acciones represivas en contra de las comunidades de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya”, con el objeto único de llevar a cabo la obra del tren interurbano, sin importarles que, por la vía legal, los comuneros están intentando que se les respeten sus derechos. “Por si esto fuera poco, las autoridades ya han integrado carpetas de investigación en contra de las personas que integran el movimiento y de sus representantes legales”, denunció la inconforme.
“La gente de nuestras comunidades piensa que para hacer estas grandes obras también se requiere llevar aparejados proyectos de desarrollo y el que enarbolamos descansa sobre los siguientes ejes: cultura, educación, vivienda, salud y trabajo para la región, específicamente para la zona de La Marquesa, donde la gente se dedica fundamentalmente al el ecoturismo; busca que se desarrollen los valles de manera humana y ambientalmente amigable para que puedan recibir a los turistas con perspectivas de una buena derrama económica. Nosotros decimos ‘diálogo sí, represión no”, concluyó.
