Búsqueda de desaparecidos, el principal reto humanitario para 2018

IMPULSO/ Edición Web
Colombia
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó el balance anual de los retos en materia humanitaria 2018. Preocupa la inseguridad en los territorios y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
De acuerdo con Christoph Harnisch, en un año decisivo para el país, el CICR mantiene la determinación de prestar ayuda a las víctimas del conflicto y de la violencia armada.
El paso lento con el que avanza la implementación del Acuerdo Final de Paz, la incertidumbre por el futuro de los diálogos de paz con el Eln, la inseguridad en algunas zonas del país, la grave crisis carcelaria, el drama de las personas desaparecidas y las continuas violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Esas son, en resumidas cuentas, las principales preocupaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de cara a los retos humanitario que enfrentará el país en 2018
“La implementación efectiva de las dimensiones humanitarias del Acuerdo de Paz no puede retrasarse más. A pesar de los recientes avances en torno a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), sigue siendo preocupante la demora de su puesta en marcha operativa”, afirmó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, durante la rueda de prensa en la que el comité presentó el balance anual Retos Humanitarios 2018.
De acuerdo con el CICR, durante 2017 se hizo seguimiento a más de 550 casos de violaciones recientes al Derecho Internacional Humanitario (DIH) tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados, y concluyó que existe una situación preocupante en departamentos como Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Antioquia, Arauca y Caquetá.
“Es alarmante que continúen los casos de desaparición, las amenazas, los homicidios selectivos, la violencia sexual, los desplazamientos masivos y gota a gota, las extorsiones, el confinamiento, las minas antipersonal y otros explosivos, el control social y la vinculación de menores de edad a grupos armados y pandillas”, detalla el texto.
De hecho, aunque no se puede negar que hubo una disminución de acciones armadas en muchos territorios como consecuencia directa del proceso de paz con las Farc, para algunas comunidades no ha habido una mejoría en sus condiciones de seguridad. “Los conflictos armados que continúan con el Eln, el Epl, las AGC y las estructuras de las Farc pertenecientes al antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz siguen afectando gravemente a la población civil más vulnerable”, explicó Harnisch.
Para el CICR, la búsqueda de las personas desaparecidas es el principal reto humanitario que enfrenta el país, sobre todo si se tiene en cuenta que las medidas acordadas en el marco del Acuerdo Final de Paz han sido insuficientes: “(…) miles de familias aún esperan una respuesta sobre lo que ocurrió con sus seres queridos. Entre 2015 y 2017, se registró un 133% de aumento en los casos de desaparición abiertos por el CICR para apoyar a los familiares en la búsqueda. Este dato no implica, necesariamente, que se hayan presentado más casos, sino que más personas han podido reportar desapariciones, tanto recientes como antiguas”.
En ese sentido el organismo hace tres llamados puntuales para que se tomen acciones inmediatas: priorizar la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, apoyar a las organizaciones de víctimas que necesitan fortalecerse y participar en el proceso de búsqueda, que todas las partes que hagan o hayan hecho parte del conflicto armado entreguen información útil para esclarecer la suerte de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto.
Sobre la crisis carcelaria el documento señala que aunque las autoridades han hecho esfuerzos para resolver los problemas más graves del sistema, no se han producido cambios importantes en las difíciles condiciones de vida de quienes se encuentran privados de la libertad.
“La punta del iceberg es el hacinamiento: 46 por ciento, según cifras del INPEC de enero de 2018. Este dato indica que hay una sobrepoblación de más de 36.400 personas. No obstante, las graves consecuencias humanitarias de esta ineficiente política criminal van más allá, e incluyen la deficiente atención médica y la falta de condiciones sanitarias, lo cual acelera la propagación de enfermedades”, detalla el texto. Con información de Óscar Pérez – El Espectador