IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
Los abogados de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, asesinados hace siete años en San Juan Copala, Oaxaca, pidieron el acompañamiento de la Unión Europea y de sus Estados miembros para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Llegó el momento de llevar al gobierno al banquillo de los acusados para lograr resultados. Sin el acompañamiento internacional este caso nunca será esclarecido y terminará como otro más de los que integran la gran esfera de delitos impunes”, dijo la abogada Karla Micheel Salas.
Indicó que las instituciones comunitarias están obligadas a involucrarse en el caso, no sólo por el compromiso que tienen con los derechos humanos y la protección de defensores, sino porque hubo ciudadanos europeos entre las víctimas.
Recordó que durante el ataque a la caravana humanitaria registrado el 27 de abril de 2010, hubo ciudadanos de origen finlandés, alemán, italiano y belga que sufrieron lesiones, robo, privación de su libertad “y que hoy están con vida de puro milagro”.
El equipo jurídico tiene previsto presentar este año el caso ante la CIDH y confía en que la solicitud prospere, debido a que es un dossier emblemático, al haberse desarrollado con los instrumentos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“El tema es altamente representativo porque no es un asunto de falta de ley, de falta de presupuesto, de falta de capacitación, es un asunto de voluntad política”, sostuvo el abogado David Peña.
La iniciativa ante la CIDH se desarrollará de manera paralela a un proceso iniciado en el Ministerio del Exterior de Finlandia, para evaluar la viabilidad de iniciar una investigación en el país nórdico, así como un proceso penal. Peña señaló que no sólo buscarán traer ante la justicia a los autores de los crímenes, también a las autoridades que probablemente obstruyeron la indagatoria, entre ellos el entonces gobernador Ulises Ruiz.
Las autoridades escandinavas realizaron una evaluación similar hace cinco años y concluyeron que no había condiciones para atraer el caso, porque había un juicio abierto, investigaciones en curso y avances. Los abogados consideran que ahora sí hay elementos para involucrar a la justicia europea. Un estudio entregado al gobierno finlandés concluye que a siete años de los hechos violentos en la entidad oaxaqueña, hay ocho órdenes de detención sin ejecutar a pesar de conocer su ubicación.
En cuanto a los cinco presuntos responsables en custodia, alertan que quedarán en libertad, debido a que no hay mecanismos efectivos de protección para los testigos y el poder judicial local ha decidido mover la sede de la audiencia a una entidad controlada por el grupo paramilitar señalado como autor de la emboscada a la caravana, la Ubisotr.
