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España
El ultimátum que dio la Comisión Europea a nueve socios —entre ellos, España— para que enviaran sus planes contra la contaminación del aire.El Gobierno español ha apurado hasta el último día para remitirlos y confía en que si Bruselas decide continuar con el expediente sancionador lo haga solo por el caso de la superación de los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en Madrid y Barcelona. Con este requerimiento, la Comisión –que debe decidir ahora si demanda al Ejecutivo– ha logrado meter la mala calidad del aire en el debate político de España.
Desde la reunión que mantuvo en Bruselas el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, con los representantes de los nueve países de la UE el 30 de enero, en España se han sucedido los reproches entre los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un lado, y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por otro. La ministra Isabel García Tejerina ha pedido varias veces a los Consistorios que no se “pongan de perfil” y que asuman sus competencias para cumplir con la normativa europea contra la contaminación. “Madrid y Barcelona estamos liderando la lucha contra la contaminación”, ha respondido este viernes la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena. “Basta de demagogia señores del PP, asuman responsabilidades”, ha añadido la regidora Ada Colau.
Bruselas mete la contaminación en el debate político de España “La contaminación es un problema de Estado”
Bruselas mete la contaminación en el debate político de España Bruselas da un ultimátum a España para que concrete sus planes contra la contaminación del aire
Ambos Ayuntamientos, al margen de los reproches, también se han lanzado a anunciar medidas contra la contaminación en los últimos días ante la presión del ultimátum de Bruselas. El Consistorio madrileño ha presentado este viernes el borrador de la futura ordenanza de movilidad sostenible, que pondrá más trabas a la circulación de los vehículos privados y favorecerá el uso de la bicicleta. Y el jueves el Área Metropolitana de Barcelona anunció que durante este año instalará un sistema de cámaras para controlar que los coches más contaminantes no circulen cuando se declaren las alertas por contaminación (algo que ocurre en muchas menos ocasiones en Barcelona que en Madrid). Las dos grandes ciudades españolas concentran los problemas de polución que preocupan a Bruselas.
La Comisión convocó a España el 30 de enero por dos expedientes que tiene abiertos por los incumplimientos de la directiva de calidad del aire, que data de 2010. Uno de ellos se refiere a la concentración de partículas PM10 –ligadas a las emisiones de la industria– en dos zonas de Asturias y de Jaén. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente confían en que, finalmente, Bruselas se sienta satisfecha con las explicaciones de España y no lleve al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE por el caso de las partículas PM10.
Dióxido de nitrógeno
Otra cosa puede ser lo que ocurra con los incumplimientos de los límites de dióxido de nitrógeno –muy relacionado con el tráfico rodado–. Según los últimos datos recopilados por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que son de 2014, el 3,1% de la población española –1,3 millones de habitantes– vive en zonas con concentraciones anuales de NO2 por encima de los límites establecidos en la directiva europea de calidad del aire. Estas zonas están en Madrid y Barcelona y el incumplimiento de esta directiva se remonta a cuando entró en vigor en 2010.
Fuentes de la Comisión reconocen que el principal problema de España está en el NO2. Respecto a la posible denuncia ante el Tribunal de Justicia, aseguran que aún deben estudiar los planes que ha presentado España; según los programas de Madrid y Barcelona, las medidas propuestas harían que en 2020 se cumpliera con los límites que fija la directiva europea.
Es decir, que se tardará una década en cumplir la ley. Y, tras el encuentro de enero, el comisario Vella lamentó que, según los planes que tenían los nueve países con los que se reunió, “los estándares de calidad del aire continuarán incumpliéndose durante meses o años, incluso más allá de 2020”. De no detectar un cambio importante, Vella advirtió de que se seguirá adelante con los expedientes contra los infractores. EL PAÍS
