IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad De México
La recompra de bonos por la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) ubicado en Texcoco difícilmente correrá la misma suerte que vio Argentina con los fondos buitre, una disputa que tomó 15 años en resolverse, afirman analistas.
Sin embargo, advierten que de lo que no se salvarán es de ir a tribunales, en caso de que no se llegue a un pronto acuerdo.
Un fondo buitre o holdout es un fondo de capital riesgo o fondo de inversión libre, que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra, comprando barato para después litigar o presionar un pago muy alto.
Analistas destacan que el programa de recompra que anunció el nuevo gobierno precisamente se hizo para contener ese riesgo.
Si bien la operación no podrá estar lista antes del 15 de diciembre, fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como plazo para entregar al Congreso de la Unión el paquete económico para 2019, las negociaciones no se alargarán tanto tiempo como en el caso del impago (default) de Argentina.
De hecho, se estima que se puede llegar a un acuerdo a principios de 2019, y para algunos la estrategia de la Secretaría de Hacienda fue inteligente y oportuna.
El presidente del Grupo y Casa de Bolsa Bursamétrica, Ernesto O’Farrill, dice que la fuente de pago basada en la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) hace factible que se cumpla con el compromiso.
Destaca que tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el nuevo consejo directivo del Aeropuerto de la Ciudad de México se reunió y decidió no suspender la obra y después se hizo el anuncio de la recompra.
Lo anterior, agrega, refleja que se actuó de inmediato de manera inteligente y acertada.
En tanto, el jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo, coincide en que no se llegará a la situación de un pleito como el de los fondos buitre, pero sí se corre el riesgo de llegar a los tribunales.
Sin blindaje. Esta semana, un grupo de inversionistas tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México externó su preocupación por las nuevas condiciones para la recompra, mismas que no les fueron consultadas, informó el despacho internacional de abogados que fue elegido para representarlos, Hogan Lovells.
Sin embargo, el despacho apuntó que sus representados están dispuestos al diálogo.
Oviedo, de Barclays, prevé dos escenarios: uno en el que los inversores asumen una parte del costo de lo que les propone el gobierno mexicano, y otro en el que el gobierno es el que carga con el costo y paga a los inversionistas lo que estaban esperando ganar en caso de que se mantuviera el proyecto del aeropuerto de Texcoco.
Si no se llega a ningún acuerdo, detalla, entonces el caso se va a tribunales, que serían la instancia que decidirá sobre el tema.
Oviedo explica que los bonos del aeropuerto no fueron blindados contra los fondos buitre, como sucede con otras emisiones de deuda de gobiernos a través de la introducción de una cláusula y como lo recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque no se trata de bonos soberanos.
“Eso aplicaría para los bonos soberanos, y esto es un proyecto que respaldó el gobierno y que tiene una calificación de cuasi soberano, y dudo que los inversores hubieran aceptados esos términos”, señala.
Caso Kirchner. Los fondos buitre adquirieron relevancia en 2001, cuando el gobierno de Argentina incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en préstamos en medio de una situación económica difícil.
Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, pero una minoría de los inversionistas rechazó las nuevas condiciones y se ganaron el nombre de fondos buitre porque además de adquirir la deuda en momentos complicados, fueron asesorados por abogados y grupos de presión que forzaron acuerdos desventajosos para el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Dato
15 AÑOS tardó en resolverse el caso de los fondos buitre en Argentina, cuando el gobierno incumplió pagos por 132 mil millones de dólares.
