IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
Con distintas críticas de beneficiar a las televisoras, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 288 votos a favor, 18 abstenciones y 114 en contra, el dictamen que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se exenta de sanciones a los programas noticiosos de radiodifusoras y televisoras de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) les suspenda sus transmisiones por violar los derechos de audiencia.
El dictamen que obtuvo el voto a favor del PRI, Verde, PAN y Panal, también derogó la obligación de los radiodifusores de diferenciar con claridad la información noticiosa de la de opinión de quien la presenta. El dictamen fue avalado en el pleno, pese a que se presentaron tres mociones suspensivas del PRD, MC y Morena.
En el primer dictamen que avaló la Comisión de Radio y Televisión derogaba de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la suspensión de transmisiones cuando se violaran los derechos de las audiencias, sin embargo, fue restituida esta función, pero no se aplicará para los noticieros.
Además otorga a los radiodifusores la posibilidad de contar con un Código de Ética para que se autorregulen e informen al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias.
Críticas a la reforma
Organizaciones de la sociedad civil que desarrollan actividades en pro libertad de expresión advirtieron que el dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –que debate la tarde de este jueves la Cámara de Diputados- atenta contra los derechos de las audiencias, es “regresivo” y representa una “contrareforma” para el país.
En el marco de la discusión que desarrolla este jueves el pleno de San Lázaro en torno a esta iniciativa, las organizaciones sostuvieron que se pretende modificar la ley sin consultas públicas y sin esperar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a controversias constitucionales en materia de derechos de audiencias interpuestas por el Ejecutivo y el Senado.
“Las organizaciones de la sociedad civil con trayectoria de trabajo en libertad de expresión vemos con profunda preocupación el atentado a los derechos de las audiencias que pretende llevarse a cabo en el Poder Legislativo de nuestra nación”, indicaron.
Subrayaron que el reconocimiento de estos derechos plasmados en la reforma constitucional del 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, fue considerado un avance en materia de derechos de libertad de expresión y a la información.
“Ahora, exactamente a tres años de haber estado en las calles pugnando por el reconocimiento de los derechos de las audiencias en dicha ley, desde el Poder Legislativo, presionado por los grandes consorcios de medios comerciales, se quiere menoscabar estos derechos”, advirtieron.
Agregaron que se pretende limitar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones “organismo autónomo constitucional”, se pretenden dejar sin tutela los derechos reconocidos violando los artículos 1, 2, 3, 6 y 28 de la Constitución. Los activistas consideraron que con la llamada “Ley Döring” las audiencias ven acotados sus derechos ya que no se garantiza la competencia y la calidad.
Las organizaciones que rechazan el dictamen son: la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Artículo 19, Comunicación Comunitaria, El Poder del Consumidor, Fundar, Observatel, Red por los Derechos de la Infancia, Redesc por la Equidad y la Diversidad, trabajadores sindicalizados de Radio Educción, Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, Mujeres en Frecuencia y Salud Integral para la Mujer.
Dijeron que se deje a voluntad de concesionarios aportar elementos para distinguir con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, se elimina la obligación de los concesionarios para distinguir la publicidad de la información.
Subrayaron que se eliminan como derechos de las audiencias todos los que se derivan de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con lo cual quedaría sin efecto, por ejemplo, las líneas de acción para que se respete el interés superior de la niñez o la equidad de género.
En un documento difundido al interior de la Cámara de Diputados las organizaciones advirtieron que en el dictamen se eliminan atribuciones se supervisión, vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Detallaron que el dictamen también contempla que los concesionarios elijan libremente al defensor de sus audiencias sin establecer requisitos para eliminar eventuales conflicto de interés, o que los concesionarios se rijan por códigos de ética expedidos por ellos mismos.
