IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles
La velocidad de las acciones del nuevo gobierno es tal que, con frecuencia, muchas pasan desapercibidas, a pesar de su trascendencia. Una excepción son dos notas de EL UNIVERSAL del 13 y 14 de mayo. Se refieren a la visión del presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores acerca de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), sobre las cuales AMLO ha expresado aversión. Desde su campaña expresó “le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil”. Como presidente, ha reiterado su desconfianza, al afirmar que son instrumentos de los “ricos”, que realizan labores sociales que, a su punto de vista, corresponden al gobierno, no a particulares.
Consecuente con lo anterior, el gobierno ha iniciado diversas acciones para limitar las OSC, sin distingos o excepciones pues, como acostumbra generalizar, sitúa a todas esas organizaciones bajo la misma crítica: invasión de facultades del gobierno, y corrupción. A partir de esa actitud y visión, una vez más viola la ley, pues existe un amplio marco normativo e institucional acerca de las OSC’s. Primero, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por OSC’s, la cual señala que las dependencias y entidades públicas fomentarán las actividades de las OSC’s, mediante apoyos y estímulos; promoverán su participación en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta; establecerán sistemas de información; concertarán y coordinarán las acciones; y darán acceso a incentivos fiscales, entre otras funciones. Eso dice la Ley.
Segundo, existe y funciona el “Registro Federal de las OSC’s”, donde se inscriben aquéllas que cumplan los requisitos establecidos. Tercero, por si eso no fuera suficiente, se mandata un “Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a OSC’s”. El padrón total nacional de OSC’s asciende a 22,508. En su versión más reciente, dicho informe detalló que, en 2018, recibieron apoyos 2,656 organizaciones. En eso se erogaron 6,600 millones de pesos, en promedio, 2.5 millones por organización.
En febrero, AMLO dispuso suspender la transferencia de recursos públicos a las OSC’s, como si pretendiera extinguir la filantropía, o sea, la “ayuda desinteresada a los demás”. Todo este asunto tiene connotaciones ideológicas relevantes. En primer lugar, una política de “no apoyo” gubernamental (fomento) a las OSC’s acota el espacio de la actividad filantrópica de los particulares a cambio, en principio, de una mayor intervención del gobierno. Esto supone que éste tiene recursos y capacidades suficientes para prescindir de los esfuerzos y aportaciones de los particulares, lo que no aplica en México debido a su precariedad fiscal.
En la reflexión global sobre la filantropía, se debate también si los ciudadanos pueden determinar, hasta por cierto monto de sus impuestos, el destino al que desean canalizar esos recursos. Por qué aportarlos a la “bolsa general” del erario, lo que deja al gobierno determinar qué se apoya y qué no, cuando los ciudadanos pueden tener preferencias específicas distintas (combatir el cáncer, el SIDA, la pobreza extrema, etc.). Además, se reconoce que existen ciertas actividades de apoyo a la población más vulnerable que el gobierno no puede realizar, o lo hacen a un costo superior y con menor eficacia que si lo hacen OSC’s, más cercanas a las comunidades y sus problemas.
La amplitud de la crisis detonada por la nueva política establecida por AMLO es la prueba contundente de las múltiples actividades en que OSC’s concurren para complementar las políticas públicas de bienestar. Eso no quiere decir que no haya, en algunos casos, yuxtaposición con actividades que correspondería realizar al gobierno, tampoco que no incidan intereses no justificables, ni que no haya corrupción en un subconjunto de esas organizaciones. De nuevo, al no hacer diferenciaciones, y adoptar disposiciones generales como remedio para casos específicos, muchos mexicanos resultan afectados sin necesidad. Debe lamentarse que las propias OSC’s no hayan desarrollado un sistema de auto-regulación para evitar esas deficiencias.
La política del gobierno hacia las OSC’s es un asunto de la mayor trascendencia y significado. AMLO ha advertido que considera incluso eliminar el mecanismo que permite que las OSC’s expidan recibos deducibles de impuestos. ¿Es posible asfixiar a la filantropía?
