IMPULSO/Manuel Clouthier Carrillo
Resistencia del INE a los independientes
La ley de las candidaturas independientes, al no apegarse a derechos humanos, viola la garantía de participación política. 2015 fue el debut de las candidaturas independientes en elecciones federales para diputados, 2018 lo será para elecciones federales para el Senado y la presidencia de la República. En aquel año, mi triunfo por la diputación federal, aunado a otros triunfos de candidatos independientes en elecciones locales, despertó una alta expectativa de las candidaturas independientes en todo el país. Sin embargo, las candidaturas ciudadanas no son buenas o malas, son simplemente el derecho que tenemos los mexicanos de poder votar y ser votados sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político.
Fue en 2015 que después de 69 años reconquistamos este derecho, la ley electoral federal que reguló las candidaturas sin partido estableció que los aspirantes debían contar con el respaldo ciudadano del 2% de firmas de apoyo del listado nominal para diputados federales y senadores, y del 1% para la presidencia de la República. Esta ley (LEGIPE) también estableció que dichas firmas debían recabarse en el formato-cédula que llevará el nombre completo, clave de elector y firma (art.383) en el plazo establecido según el caso. Igualmente, estas firmas de apoyo debían venir acompañadas de copias de la credencial para votar del ciudadano (art. 385) y se añadió un requisito que los partidos llamaron “de territorialidad”, es decir, las firmas debían estar distribuidas en el 50+1 % de las secciones, de los distritos, o de los Estados, según fuere el tipo de elección a diputado federal, senador o presidente de la República (art. 371).
Hoy, los opinólogos opinan sobre el desarrollo de este proceso de recabado de firmas de quienes aspiramos a ser candidatos independientes a distintos cargos de elección popular, y lo hacen igual que diseñan los lineamientos, reglamentos y políticas los burócratas del INE, que nunca han recabado una firma en la calle. Desde 2015, señalé que la ley que regula las candidaturas independientes viola el derecho de participación política por no apegarse a los principios de derechos humanos y por establecer requisitos y restricciones irrazonables y desproporcionadas. Por este motivo, presenté en septiembre de 2015 una iniciativa que modificaba la ley electoral, incluyendo las sentencias que había emitido el Tribunal Electoral en las que ampliaba el derecho. Igualmente, en febrero de 2016, presenté iniciativa de reforma constitucional al artículo 35, fracción II, incluyendo que el derecho a ser votado debe regirse por principios de derechos humanos.
