IMPULSO/José Cárdenas
¿Con dinero bailaba el perro?
El fallo no pretende resolver el debate sobre la libertad de expresión, pero sí obligar al Congreso a definirlos criterios del gasto en comunicación.
Para que un burro se mueva, muéstrale una zanahoria y dale palo… Sin exagerar, el fallo de la Suprema Corte que ordena al Congreso reglamentar el gasto del gobierno para hacerse publicidad en medios de comunicación es histórico, inédito y rotundo. Ésta es la primera vez que el Poder Judicial quiebra la impunidad del Legislativo y le exige cumplir con el mandato de hacer leyes. ¿Será que, en adelante, nuestros diputados y senadores ya no podrán dejar de cumplir su obligación sin que pase nada, sin que nadie les exija cuentas?, ya veremos… Por lo pronto, le informo que esta sentencia mayúscula de la Corte, cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Arturo Zaldívar —siempre el de las ideas liberales—, fue aprobado por cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte. Otorga un amparo a la organización civil Artículo 19 —que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información—, tiene efectos generales; no sólo responde al interés particular del quejoso. Ordena el Congreso saldar una omisión de casi cuatro años (la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional debió quedar aprobada a principios de 2014).
Hasta ahora, el gasto del Gobierno para publicidad en medios de comunicación ha sido discrecional. Ese dinero social ha servido como vehículo para transmitir logros de los gobiernos, pero también como medio de control para maniatar la libertad de medios y periodistas a intereses políticos; para premiar lealtades y castigar críticas incómodas. El Poder Ejecutivo, federal y estatal, suele fungir como el gran anunciante y, con tal poder, ha manipulado a capricho su relación con diarios, revistas, radiodifusoras y televisoras que dependen, en buena parte, de la publicidad social para sobrevivir, lo que arroja como primera consecuencia la autocensura, en perjuicio de la sociedad que demanda pluralidad informativa.
El fallo de la Corte no pretende resolver el debate sobre la libertad de expresión —tema mucho más amplio—, pero sí obligar al Congreso a definir los criterios que deberán regir la distribución del gasto en comunicación social con base en los preceptos de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. No se trata de garantizar equidad ni fabricar artificialmente una igualdad en un terreno desigual. Cada administración podrá decidir cuánto, cómo y cuándo gastar los recursos en medios que garanticen una mayor cobertura e impacto, dependiendo del mensaje. La diferencia es que, a partir de la promulgación de la ley reglamentaria del artículo 134 de la Carta Magna, los motivos de tales decisiones deberán ser explicados para dejar claro por qué se le dará dinero a un medio y no se la dará a otro. Las reglas, hay que insistir, no harán mejores medios ni deberán influir en el trabajo periodístico. No van a garantizar la libertad de expresión ni el cumplimiento del derecho a la información, simplemente harán más difícil el uso del dinero público como herramienta de la censura. A más tardar el 30 de abril, el Congreso deberá saldar la omisión, nada fortuita, que ha sido promesa incumplida de Enrique Peña Nieto desde que fue candidato presidencial del PRI, entonces muy criticado por haber gastado una fortuna para promover su imagen desde la gubernatura del Estado de México. A lo anterior, agregue el dato del Centro de Análisis e Investigación Fundar (fundar.org.mx) que documentó un gasto de 36 mil 261 millones de pesos en publicad social, un millón de pesos por hora, entre 2013 y 2016.
