Marzo 1, 2021
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Articulo

Mario Maldonado

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le urge que la

Fiscalía General de la República llame a declarar a los ‘peces

gordos’ ligados al caso Lozoya. El 6 de enero pidió a la instancia

que encabeza Alejandro Gertz Manero “informar sobre el estado

de la investigación”, a lo que la FGR respondió que en los

próximos días judicializaría las carpetas de quienes fueron

denunciados por el exdirector general de Pemex.

Los primeros en la lista son el exsenador Jorge Luis Lavalle y

otros exlegisladores, la mayoría panistas y priistas, quienes

fueron denunciados por presuntamente haber recibido sobornos

para aprobar la reforma energética. Otros exfuncionarios

involucrados por Lozoya son Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto,

a quienes acusó de ‘instrumentalizarlo’ para cometer actos de

corrupción, entre ellos recibir financiamiento ilegal de Odebrecht

para la campaña presidencial y comprar empresas chatarra a

nombre de Pemex como un pago de favores a empresarios

aliados.

A seis meses de que Emilio Lozoya fuera extraditado a México y

a cuatro meses y medio de las elecciones intermedias, el tiempo

juega contra la FGR y del presidente López Obrador, quien

apuesta a que parte del desenlace de este caso emblemático de

corrupción tenga efecto en las votaciones del 6 de junio.

La pregunta clave es si la FRG va a judicializar las denuncias

contra los dos hombres más mediáticos y poderosos del sexenio

Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70 nombres

que podrían ser llevados ante los tribunales por los sobornos

de Odebrecht, y representan un valioso trofeo

pasado: el exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray,

y el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al primero, la Fiscalía ya intentó girarle una orden de

aprehensión en octubre del año pasado, pero no logró integrar

bien el expediente. La versión oficial es que la FGR se desistió de

la solicitud ante un juez.

Con respecto a Peña Nieto, su futuro es incierto. Fuentes de

Palacio Nacional aseguran que Andrés Manuel López Obrador

está dispuesto a desconocer cualquier tipo de pacto para que la

FGR llame a declarar al expresidente de México en las próximas

semanas.

Todavía a finales del año pasado, Peña Nieto tuvo la intención de

viajar de Madrid –donde reside– a Punta Mita, Nayarit, para

reunirse con su familia y pasar unos días de descanso en su

destino de playa favorito para jugar golf.

“Soy orgullosamente mexiquense, pero esta es mi segunda casa”,

llegó a decir sobre el paradisiaco lugar.

El permiso para vacacionar en tierras mexicanas debió haber sido

negado, pues terminó trasladando su lugar de descanso y

celebración decembrina a otra playa de nombre similar: Punta

Cana, en República Dominicana.

La exposición mediática del exmandatario no resultaba

conveniente para el gobierno de la 4T, mucho menos en un

escenario en que la procuración de justicia no atraviesa su mejor

momento, con tropiezos para judicializar a los involucrados en el

caso Lozoya y la bomba que significó el caso del

general Salvador Cienfuegos.

En ese viaje familiar, Peña Nieto tuvo los lujos que siempre lo

acompañaron como gobernante: playa privada, hotel de cinco

estrellas por más de dos semanas –con costo de casi 8 mil

dólares la noche de hospedaje– y las fotos de la familia en

Instagram, que echaron por la borda lo que se había prometido

como un viaje con toda discreción.

Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70 nombres

que podrían ser llevados ante los tribunales por los sobornos de

Odebrecht, y representan para el gobierno un valioso trofeo en

medio de un proceso electoral crucial para la trascendencia de la

4T.

En caso de no concretarse estas detenciones o vinculaciones a

proceso, la Fiscalía tendría que retomar las acusaciones contra

Emilio Lozoya, quien ya desde ahora se ve como una especie de

premio de consolación para el gobierno.