IMPULSO/ Gonzalo Vaca
¿POR QUÉ ESTÁN CERRADAS LAS CASAS DE SALUD?
La atención a la salud es un derecho de la población en general y es responsabilidad de los gobiernos federal y estatal garantizar lo que establece el artículo 4 de la Constitución en el sentido de que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Esta fracción, refiere en el numeral Primero, que: El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país; asimismo, en el numeral Tercero dice: La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.
Bajo esta tesitura, es importante destacar que los estados y mucho más los municipios deben cumplir con esta ordenanza constitucional, específicamente para la construcción de nueva infraestructura de salud, la cual necesariamente tiene que atender lo que obliga la normatividad en la materia.
El caso específico que ahora nos ocupa es el referido a la famosa “casas de salud” que en los años recientes surgieron como si se tratara de generación espontánea y quedaron al margen de toda regulación al carecer de la autorización y de los documentos que avalaran su legal construcción, operación y mantenimiento.
Estos caprichos para construir y abrir dichas “casas de salud” le han costado muy caro a la entidad mexiquense, puesto que solamente corresponde a la Secretaría de Salud Federal, otorgar la indispensable Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) requisito que garantiza la asignación de recursos para su operación.
Al carecer de esta Clave CLUES, tan solo en el Estado de México han tenido que cerrar alrededor de 200 casas de salud, debido a que ninguna de éstas forma parte de la relación oficial y autorizada por la Dirección General de Información en Salud y cuya liga puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: http://gobi.salud.gob.mx/Bases_Clues.html
En su momento, el secretario de Salud mexiquense, Gabriel O´Shea Cuevas fue muy claro al señalar que estos espacios carecen de la regulación necesaria, lo que imposibilita que la autoridad pueda designarles algún tipo de presupuesto y por ello el año pasado el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) retiró al personal e insumos que se les brindaba de manera irregular, para dejar de incurrir en una inconsistencia administrativa, lo que incluso fue señalado por la propia Contraloría estatal.
Además, en una reunión sostenida con los alcaldes electos en 2018, el también Director General del ISEM, les informó que para operar una unidad médica se debería contar con su Clave CLUES, indispensable, para poder acceder a recursos federales o estatales para su operación. En esa oportunidad, conminó a los nuevos presidentes municipales a no construir nueva infraestructura en salud, sin contar con un Plan Maestro de Desarrollo.
Al parecer la información del titular de salud estatal ha rendido frutos y ya no hay anuncios de nuevas unidades, sin embargo, sí se le exige “cumplir” con apoyos y recursos para seguir operando las casas de salud, ante lo cual se ha mantenido firme en su obligación de acatar con la Ley.
No ha cedido a presiones y no se abrirán nuevas casas de salud, ni reabrirán las existentes, lo que sí ha ofrecido es fortalecer las instalaciones del primer nivel de atención; dignificar los centros de salud; dotarlos de personal médico y equipamiento, así como de mantener el abasto suficiente de medicamentos e insumos.
El cierre de la casa de salud no debería convertirse en un problema mayor, sobre todo cuando en el Estado de México se cuenta con más de mil 200 centros de salud, así como 68 hospitales de segundo y tercer nivel, que cubren la demanda de los mexiquenses.
De esta manera se cumple la premisa de que la atención a la salud no se hace bajo colores o banderas políticas, sino que es un derecho humano inalienable y la autoridad hace su mejor esfuerzo por cumplir a cabalidad para otorgar eficientemente este servicio a los más de siete millones de mexiquenses sin seguridad social.
