IMPULSO/Alejandro Encinas Rodríguez
La electocracia
Cómo estarán las cosas que, ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le otorgó de manera directa el registro a Jaime Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral se ha visto obligado a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra el flamante candidato independiente por la presunción de la comisión de diversos delitos durante la recolección de firmas para obtener su registro.
De acuerdo al INE, entre octubre de 2017 y febrero de 2018, Rodríguez Calderón presentó un total de dos millones 34 mil 403 apoyos, 810 mil 995 de los cuales le fueron descartados por distintas razones: 266 mil 357 por inconsistencias, 11 mil 748 porque no aparecen en la lista nominal de electores, 15 mil 938 por bajas en el listado, incluyendo a siete mil 44 personas que habían fallecido, siete mil 78 cuya credencial ya no estaba vigente al tener más de 10 años de antigüedad, más seis mil 630 que no fueron encontrados ni en el listado nominal ni en el padrón electoral.
El INE señaló que 158 mil 532 apoyos caían en “simulación de credencial para votar”: cartoncillos, plantillas con forma pretendida de credencial donde se vaciaban datos genuinos de ciudadanos. Además, 205 mil 721 se presentaron en fotocopias y 23 mil 644 apoyos se presentaron en documentos considerados no válidos como tarjetas de descuento y licencias de manejo. Registrando además nombres que nunca han estado registrados en el Padrón Electoral, así como 266 mil duplicados con el mismo nombre y misma clave de elector.
No se necesita ser jurisconsulto para identificar que de esto se desprende la comisión de distintos delitos electorales, así como una violación flagrante a la legislación en materia de protección de datos personales que el Tribunal Electoral no sólo pasó por alto, sino que convalidó bajo un absurdo supuestamente garantista, evidenciando cómo el órgano encargado de garantizar la legalidad del proceso electoral se convirtió en su principal transgresor.
La denuncia del INE contra Rodríguez Calderón cristaliza el litigio existente entre las autoridades responsables de organizar el proceso electoral y de garantizar su legalidad bajo los principios de equidad e imparcialidad, profundizando la crisis de legitimidad y credibilidad de la autoridad electoral.
Vivimos en un país de muchas leyes que no se respetan, a lo largo de cuatro décadas, se han realizado sinnúmero de reformas electorales que, lejos de consolidar una vida democrática, han sobreregulado los procesos electorales sin garantizar la efectividad del sufragio y se ha venido conformado una aristocracia electoral que se reparte los puestos entre sí o que busca pasar a formar parte de otros órganos autónomos y que se han convertido en correas de transmisión de los partidos que los designa, o del titular del poderes ejecutivo o de los gobernadores de los estados.
Para ser parte de esta electocracia y para paliar el desprestigio en que se encuentran los órganos electorales, se requiere ser “experto” en derecho electoral, presentar ensayos por escrito, someterse a entrevistas, cabildear con los legisladores, promoverse ante los medios de comunicación, sin considerar, necesariamente, el valor fundamental: la honestidad de una persona ni estableciendo los instrumentos legales para evitar convertir estos procedimientos en una simulación que conduce a la subordinación de los investidos.
Es el caso del Tribunal Electoral, donde los magistrados que lo integran aspiran a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que emana de la propuesta del Ejecutivo federal al Senado de la República, lo que genera una relación perversa en el ejercicio de un cargo que emanó de un acuerdo de cuotas partidarias y de otro que emana del presidente en turno, lo que induce la conformación de un tribunal de consigna, cuando quien forme parte de este tribunal debería estar impedido por ley para aspirar a la Corte, lo que favorecería su autonomía.
Lo cierto es que la resolución a favor del Bronco profundiza la falta de credibilidad en las instituciones electorales y es una señal de alerta de que nuestra incipiente democracia está nuevamente en riesgo.
