Ley de Seguridad Interior
IMPULSO/ Óscar Mario Beteta
Aunque se pospuso para la próxima semana, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, dictaminada en la Cámara de Diputados, será votada la próxima semana en el Senado de la República. Instrumento fundamental para lo que pueda venir en 2018 por las elecciones presidenciales, ese ordenamiento no tiene reversa. Será vital para conservar la paz, la estabilidad, el orden, la legalidad y las instituciones.
Con esa norma, quienes han actuado como salvaguarda de esos grandes valores, o sea el Ejército, la Marina y la Policía Federal, contarán con el marco legal del que han prescindido hasta ahora en la tarea más delicada que hay que desempeñar en un Estado: su conservación.
La participación de las Fuerzas Armadas en la contención de la criminalidad, que sigue sembrando crímenes y cadáveres en todo el país, ha reclamado de tiempo atrás una legislación que ofrezca garantías a su desempeño, pero le había sido reiteradamente negada.
Hace unos días, empero, el presidente Enrique Peña estimó que su aprobación era una necesidad imperiosa y los congresistas le dieron los últimos toques casi de inmediato. En la Cámara Baja fue avalada en tan sólo unos cuantos días y el dictamen fue enviado a su colegisladora, que deberá cerrarlo antes de que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
Es de lamentar que los diputados no hayan enriquecido la propuesta de ley a pesar de haber contado con tanto tiempo. Sin ningún problema, podían haber incorporado la obligación de crear una sola escuela para formar los cuadros de la Policía Federal, como sugiere el comisionado del ramo, Renato Sales Heredia.
Del mismo modo, podían haber establecido las bases para que se diera nacimiento a un Mando Único Federal, a fin de que éste quedara en una sola mano, y no en muchas. Eso serviría para que se diera una mayor coordinación entre todos los factores concurrentes en la movilización de las fuerzas de seguridad pública para que ésta estuviese garantizada.
Como los diputados enviaron el dictamen al Senado y dada la urgencia de aprobarlo, lo harán en sus términos. Hacerle modificaciones implicaría regresarlo a la Cámara de Origen para que las aprobara y de nuevo tornaría al Senado. Y para eso ya no hay tiempo.
Que organizaciones defensoras de los derechos humanos estén en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es muy entendible, pero de ninguna manera justificable.
Soldados, marinos y policías, han tenido que entrar totalmente desprotegidos, en términos legales, a la defensa de la sociedad. Han corrido todos los riesgos. Han sufrido bajas. Le llueven infundadas críticas a su desempeño. Las acusaciones infames de las llamadas ONG son tan injustas como frecuentes, aunque ninguno de sus integrantes tenga la menor idea de lo que es enfrentarse a los criminales, desalmados por definición.
Frente a eso, ¿qué sería de este país sin la invaluable ayuda de las instituciones que representan la fuerza pública? ¿Cuántos crímenes más, de toda naturaleza, no se habrían cometido en los últimos años?
Es innegable que la estrategia oficial contra el crimen organizado no ha dado los resultados que todo ciudadano quisiera, pero sería totalmente aberrante negar que la situación de control incompleto, con lo precaria que sea, se debe a quienes se han entregado sin reservas a mantener el Estado de Derecho.
Éste, debe regir a todo costo. Garante de la legalidad, la seguridad y el orden, no admite que se pasen por alto los graves atentados que por tantos años han cometido diversos grupos criminales. La amnistía que ha considerado Andrés Manuel López Obrador para ellos en caso de ganar las elecciones, es inadmisible moralmente como inviable en la práctica.
El Estado no puede reconocer como interlocutor válido a nadie que haya agredido en cualquier forma a sus integrantes. De intentar negociar con algunas cabezas, surgirían muchas otras. Nadie querrá abandonar el negocio que representa el delito. Nadie que haya estado o esté operando al margen de la ley, está pidiendo ni perdón ni olvido. El crimen visto como beneficio, simplemente continuará.
Por eso, es absolutamente necesario e inaplazable que el Senado concluye el tema de la Ley de Seguridad Interior. Si alguna respuesta se debe dar a la fuerza irracional, ilegal y criminal, es la fuerza de la razón y del Derecho, aunque muy pocos legisladores en ambas Cámaras conocen sobre el tema, es urgente aplicar la aritmética pata que, por mayoría de votos, la norma se apruebe a la brevedad.
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Óscar Mario Beteta. Es un economista especializado en periodismo. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México, en tres ocasiones.
