IMPULSO/ Francisco Rivas
¿Qué están esperando?
Por más que las autoridades insistan y traten de contarnos otra historia, la violencia alcanzó límites inaceptables; aunque lo relativicen, México vive un momento equivalente al que fue considerado el punto más álgido de mortalidad relacionada a incidencia delictiva.
Desde finales de 2016, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advirtió que el comportamiento de los homicidios dolosos seguía al alza, fenómeno que comenzó desde abril de 2015.
La autoridad federal buscó minimizar los datos, nos llamó “estruendosos”, trató de mostrar números favorables de disminución de homicidios (datos no públicos para ese entonces) e insistió en que las acciones propuestas por el Ejecutivo federal ya estaban teniendo efecto.
Sin embargo, la realidad confirmó una vez más lo que los datos ya apuntaban: la violencia pronto llegaría a máximos históricos ante la incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia. Primero en mayo y luego en junio de 2017 superamos el número de casos de homicidio del peor mes de la historia de México que fue mayo de 2011.
Si bien la tasa de homicidio doloso continúa siendo ligeramente inferior a dicho mes, un balance previo de julio hace pensar que pronto se romperá esa barrera y que en 2017 se superará la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de 2011, que llegó a 19.75.
En este contexto, tampoco se vislumbran medidas nacionales o locales que hagan pensar en una pronta mejora de las condiciones de seguridad. Las autoridades buscan excusas y responsabilizan al catálogo de delitos del Sistema de Justicia Penal Adversarial (SJPA) que no prevé prisión preventiva oficiosa automática para quien porta un arma de fuego, y a la lucha entre los grupos de delincuencia organizada por el control de territorios.
Lo cierto es que tanto el primero como el segundo argumento sólo son evidencia de las fallas del Estado, son una admisión implícita que no han logrado hacer funcionar los instrumentos que tienen a disposición y que las políticas de descabezamiento de los grupos delictivos, los denominados “objetivos prioritarios”, y la regionalización o la focalización de combate al delito en 50 municipios no han dado resultados.
Si el SJPA no es funcional para las autoridades, se debe a las fallas en la preparación de los operadores. Si hay confrontaciones entre grupos de delincuentes por las “plazas”, es porque el Estado es incapaz de tener el control del territorio, y las detenciones de los mandos criminales de poco sirven si no se atienden de fondo los temas que hacen que un cártel o una banda de criminales sean tan poderosos.
¿Qué están esperando las autoridades para trazar una ruta que subsane las deficiencias que una y otra vez escuchamos como los factores que detonan la violencia? ¿Qué se necesita para aplicar sanciones y/o renovar liderazgos de quien incumple o no da resultados?
¡Basta de buscar culpas externas a las instituciones! El homicidio y otras formas de violencia se encuentran en máximos históricos porque seguimos con una corrupción imperante que se manifiesta de las siguientes maneras:
– Tolerancia a la incompetencia, a la simulación, a la fraudulencia y a la corruptela.
– Un débil combate a la estructura financiera de los delincuentes, a pesar de que se sabe que esos recursos son los que compran voluntades, armas y justicia. @frarivasCoL
