IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga desde este lunes a Artur Mas, presidente del gobierno catalán entre 2010 y 2016, por desobedecer al Tribunal Constitucional de España cuando éste prohibió la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 en la que se preguntó a los catalanes si querían independizarse de España.
La Fiscalía acusa a Mas y dos de sus consejeras de delitos de desobediencia y prevaricación, y pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat. Mas responde que él no organizó la consulta (sin valor legal) sino que fue una asociación ciudadana, y ha declarado que el juicio es “político” y que recurrirá a la justicia europea si lo condenan.
El episodio llega en un momento de tensión entre el gobierno central de Madrid y el autonómico de Barcelona. Tras un año de tranquilidad, los tres partidos nacionalistas que controlan en coalición el parlamento catalán han relanzado el proyecto de un nuevo referéndum. A eso se le une el escándalo protagonizado por Santi Vidal, un senador independentista que reveló que la Generalitat acumuló ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes para crear su propia hacienda.
Los partidos y colectivos independentistas ya han anunciado que se manifestarán ante los juzgados en apoyo al expresidente. El diario británico Financial Times considera que Mas “utilizará el juicio como una movilización a favor de la independencia”. En declaraciones a este periódico, Mas aseguró: “Personalmente no es un regalo, este juicio puede detener nuestra carrera política”, pero “para el proyecto de crear un estado soberano, es positivo porque moviliza a la gente, incluso aquellos que no están a favor de la independencia”.
Sin embargo, el problema más grave para Mas y su partido, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat, antes llamado Convergència) es una investigación por corrupción que el jueves pasado ocasionó la detención de varias figuras del nacionalismo muy cercanas al expresidente.
La Fiscalía española asegura que 18 políticos y empresarios pertenecientes a lo que la prensa denomina “la corte del rey Artur” incurrieron en delitos de nepotismo, malversación y blanqueo en la licitación de obras públicas en Cataluña. Estas revelaciones se encuadran dentro de la “operación 3%”, destinada a esclarecer si el partido se financiaba ilegalmente obligando a las empresas a pagarles un 3% de cada concurso público que ganaban.
Los nacionalistas aseguran que estas pesquisas se dirigen desde Madrid con intenciones políticas. “Cada vez que haya un acontecimiento que pueda perjudicarles, irán sacando cosas de estas”, criticó en Catalunya Ràdio Jacint Borràs, presidente de Convergència.
Pero las pruebas de corrupción se suman y el partido de Mas está muy debilitado. Jordi Pujol, su fundador y líder histórico, es una figura repudiada en Cataluña desde que se revelaron sus opacos fondos en el paraíso fiscal de Andorra. Sus hijos también están siendo juzgados por delitos fiscales.
Los enemigos políticos de Mas insisten en que éste ha intentado tapar con el proceso secesionista los dos grandes males que marcaron su gobierno: la corrupción y los recortes sociales.
Lo cierto es que el “proceso nacional” ha asegurado hasta ahora la unión de los otros dos grandes partidos nacionalistas (ERC y CUP) alrededor del PDECat, pero su permanencia en el poder peligra.
Obligado por la presión de los diputados de la izquierda antisistema (CUP), el sucesor de Mas y actual presidente catalán, Carles Puigdemont (PDECat), prometió que convocaría en septiembre el nuevo referéndum independentista. Ante la negativa de Madrid a aceptarla, esta votación sería otra vez ilegal y tendría por consecuencia unas probables elecciones autonómicas en las que decidir quién guiaría el intento de secesión.
El jueves el vicepresidente catalán y verdadero hombre fuerte del gobierno, Oriol Junqueras (ERC), aseguró que este referéndum podría adelantarse si, de nuevo los jueces, inhabilitan a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, también acusada de desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir que los diputados votaran una resolución independentista.
El diario New York Times ha clasificado el referéndum catalán como uno de los actos que podrían desestabilizar Europa en 2017, al nivel de las victorias electorales de los ultraderechistas Marine Le Pen en Francia o Geert Wilders en Holanda.
El presidente catalán, Puigdemont, ha asegurado que, con el juicio de Mas, hoy comienza la cuenta atrás hacia la independencia. Las incógnitas son muchas y los intereses personales de los políticos tendrán gran influencia en el proceso. Mas ya ha sugerido que le gustaría presentarse a las próximas elecciones autonómicas, pero no podrá si los tribunales lo declaran culpable. En un encuentro privado en un restaurante de Barcelona difundido esta semana por el diario catalán La Vanguardia, el propio Jordi Pujol fue grabado diciendo que Mas quedaría “definitivamente kaput” si fuese inhabilitado.
