IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
El pleno del Senado aprobó por unanimidad de 89 votos reformas en materia de violencia política de género, que tocan cinco leyes y en las que los senadores tardaron cuatro años en establecer los consensos y prohibir amenazas, hostigamiento, presión y toda forma que impida a las mujeres asumir encargos públicos.
Con las reformas se busca enfrentar el clima de hostilidad, violencia, ataques que sufren mujeres para acceder a candidaturas e incluso para tomar posesión de cargos de elección que han ganado, o para impedir el libre ejercicio de sus responsabilidades.
La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados con cambios a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; a la Ley General de Partido Políticos; a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En la presentación del dictamen, se destacó que estas reformas tardaron cuatro años en avanzar en comisiones hasta alcanzar los consensos para ser aprobadas por el pleno. En particular, el senador Ernesto Cordero Arroyo (PAN), al pedir el apoyo del pleno a las reformas lamentó que “hoy en este Senado se está ejerciendo violencia política contra la propuesta a la vicepresidencia del INEGI (Paloma Merodio Gómez)”.
Dijo que por parte de mucha gente, se está cuestionando la pertinencia de la propuesta del Presidente de la república –agregó Cordero–, porque postuló y propuso a una mujer, y que aparte de todo es joven.
María Elena Barrera Tapia (PVEM) acusó que la violencia política contra la mujer, “no nos permite avanzar para erradicar la pobreza, construir la paz y la seguridad que necesitamos todas y todos”. Las reformas proponen, dijo, medidas para “que nunca más una mujer sea limitada o menoscabada en el ejercicio efectivo de sus derechos políticos electorales”.
Subrayó que se tiene que evitar que el simple hecho de ser mujer sea una condicionante en el ejercicio de derechos políticos electorales, que se vulneran a partir de las reformas de igualdad.
Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) dijo que en las reformas se incorpora la definición de violencia política, la cual se debe entender “como todos aquellos actos referentes a la imposición de tareas distintas a alas de su cargo u oficio; las que se refieren a otorgar o difundir o hacer mal uso de la información de las mujeres; que pretendan impedir el ejercicio pleno de sus derechos; y que constituyan cualquier tipo de violencia física, sicológica, económica, patrimonial, sexual o feminicida, y que coarten el derecho de las mujeres a ejercer sus garantías jurídicas”.
