IMPULSO/ Mario Hernández
Toluca
: Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron las iniciativas para reestructurar la deuda pública y expedir la Ley de Seguridad Social.
Al considerar que la entidad tiene niveles de endeudamiento bajos en proporción al tamaño de su economía (2.1% del PIB estatal) y fortaleza de sus finanzas, más “la estabilidad del mercado”, se considera que “existe una ventana de oportunidad para buscar mejores condiciones de financiamiento”, por lo que las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas de la 59 Legislatura aprobaron la iniciativa de decreto por el que se autoriza el refinanciamiento de la deuda pública estatal.
Lo anterior después de que la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik explicó las fortalezas que tendrá la renegociación de la deuda pública mexiquense, expuso que la iniciativa enviada por el Alfredo Del Mazo, gobernador de la entidad, no pretende contratar nuevo endeudamiento, sino mejorar las condiciones de 28 financiamientos que ya existen, además de que estima un ahorro anual de casi 900 millones de pesos y cerca de cinco mil millones en toda la Administración.
Indicó que se regulará la emisión de títulos de crédito de corto plazo, denominados Certificados de la Tesorería del Estado de México, presentados por el titular del Ejecutivo estatal.
Mencionó además como beneficios de la reestructuración de la deuda “tasas de interés menores, ampliar los plazos, mejorar las condiciones de contratación, contar con mayor flexibilidad en la gestión de las fuentes de pago y fortalecer la transparencia”.
Las comisiones también aprobaron la iniciativa sobre los Certificados de la Tesorería del Estado de México, que plantea como opciones para atender las necesidades de liquidez inmediata del Gobierno estatal, apegándose al objetivo de tener una “administración eficiente y transparente en el manejo de las finanzas públicas para la operación responsable y competitiva del Estado”.
La iniciativa señala que la emisión de valores a corto plazo, a cargo del Estado de México, se encuentra alineada a los objetivos de la reforma en materia de disciplina financiera, ya que fomenta la competencia en el mercado bursátil, favorece la transparencia y la rendición de cuentas mediante la utilización de los canales de dicho mercado. También se ciñe al marco jurídico vigente, genera ahorros operativos que permiten a las entidades la obtención de recursos en las mejores condiciones, propicia un control más eficiente de los recursos y brinda una atención más oportuna a las necesidades de liquidez de corto plazo, entre otros beneficios.
En ambas iniciativas, los grupos parlamentarios del PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social votaron a favor; en contra lo hicieron el PRD, PAN y Morena; el Partido del Trabajo se abstuvo.
Por otro lado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Trabajo, Previsión y Seguridad Social avalaron la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, propuesta por el gobernador Alfredo Del Mazo.
El diputado Abel Domínguez Azuz (PRI) fue el encargado de dar lectura al proyecto de dictamen elaborado por ambas comisiones, el cual señala que con la nueva ley se busca garantizar la permanencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) —que atiende diariamente a más de 375 mil servidores públicos y casi 60 mil pensionados—, además de consolidar su estabilidad financiera, fortalecer el ahorro interno, garantizar la cobertura y calidad de los servicios, generar mecanismos de corresponsabilidad en el cuidado de la salud y garantizar que ningún servidor público o pensionado pierda sus derechos adquiridos.
El documento subraya que el principal reto que enfrenta el ISSEMYM es el fortalecimiento de su sistema financiero para garantizar la prestación de los servicios a beneficio de servidores públicos, pensionados, pensionistas y beneficiarios, por lo que “la reforma del Instituto es inevitable, de allí que llevarla a cabo es un acto de responsabilidad con los actuales derechohabientes y las futuras generaciones”.
Votaron a favor los grupos parlamentarios del PRI, Encuentro Social y Nueva Alianza; votaron en contra del dictamen el PRD, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista; el PT se abstuvo.
