Agosto 3, 2020
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Aprueba pleno legislativo Reforma Constitucional

IMPULSO/Redacción
Toluca
Legislatura mexiquense aprobó, por unanimidad, la reforma constitucional para tener nuevamente la facultad de calificar las cuentas públicas del estado, los municipios y entes que ejerzan recursos públicos, misma que ya había sido aprobada en comisiones.

“Volverá al Poder Legislativo facultad calificar cuentas públicas”.

Legisladores de las distintas fracciones parlamentarias coincidieron que con esta decisión se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas y el combate a la corrupción; mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto público, además de construir verdaderos equilibrios, pesos y contrapesos entre los Poderes.
Así, la Legislatura recibirá, revisará, fiscalizará y calificará las cuentas públicas del estado y de los municipios, del año anterior, las que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los Poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos.

Volverá al Poder Legislativo facultad calificar cuentas públicas.

 

En sesión deliberante del Primer Periodo Extraordinario, presidida por el diputado Valentín González Bautista, se aprobó la reforma al artículo 61 de la Constitución Política local, propuesta, por separado, por los grupos parlamentarios de morena, PAN, PT y PRD, a través de los legisladores Tanech Sánchez Ángeles, Anuar Azar Figueroa, Francisco Rodolfo Solorza Luna, Araceli Casasola Salazar y Omar Ortega Álvarez, respectivamente.
Al dar lectura al dictamen, el diputado Tanech Sánchez afirmó que la rendición de cuentas es obligada e indispensable para cualquier gobierno que se presuma democrático, ya que la aplicación práctica de este concepto disminuye la corrupción, la malversación de los recursos y el uso de los bienes públicos para el beneficio privado, mejorando la distribución equitativa del presupuesto entre las necesidades de la población.
En esto radica la importancia de la aprobación, prosiguió, porque permite sentar las bases para un control presupuestal claro y oportuno, ajeno a toda motivación política o de grupo, donde su objetivo sea contribuir e identificar los errores u omisiones, así como los actos de corrupción dentro de la administración pública.