IMPULSO/ Bettina Falcón Valerdi
Toluca
En la sesión deliberante de ayer martes, la LX Legislatura del Estado de México aprobó, por unanimidad, contratar un despacho externo para auditar al ISSEMyM, institución que a pesar de haber recibido en 2012 una “cirugía mayor” que le permitió hacerse de un incremento de más del 40 por ciento de sus ingresos, continuó, hasta la fecha con una descapitalización cíclica.
El diputado petista, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, quien puso a consideración del pleno legislativo este punto de acuerdo, calificó como “lamentables” las reformas a la ley de esta institución, que anteriores legislaturas aprobaron en los años 2002 y 2012, porque la mayoría priista, que las hizo posibles, jamás exigió cuentas claras respecto a la realidad financiera del instituto, ni justificó el argumento sobre la descapitalización cíclica de este instituto.
Explicó que, específicamente, con la reforma del 2012 los servidores públicos fueron nuevamente engañados, porque el año pasado se planteó una nueva reforma a la ley para intentar implementar cuentas individuales y la privatización del fondo de pensiones, con lo que quedó patente que no se cumplió con la estabilidad financiera y las garantías pensionarias, que deberían prevalecer hasta el 2023.
Destacó que en 2012 se autorizó un incremento del 35% en cuotas; 55% en aportaciones; 33% en pensionados y pensionistas. En términos absolutos, dijo, se trató de un incremento muy importante de más del 40% de los ingresos que el instituto recibe, por estos conceptos, aunado al incremento que se determinó para alcanzar la jubilación, ya que pasó de 57 a 62 años cumplidos.
Al inicio de su intervención, explicó que los diputados y diputadas de la fracción del PT, tienen el deber de luchar por garantizar el derecho irrenunciable de la Seguridad Social, en virtud de que es una conquista de los trabajadores, que les permite asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar las pensiones de jubilación y vejez; así como los seguros en los casos de desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia.
Y estimó que no resultaría extraño que, con base en la larga tradición autoritaria, de corrupción e impunidad de muchas instituciones del gobierno del Estado de México, los fondos para pensiones de los trabajadores se hayan utilizado para otros fines distintos a su naturaleza, como el caso de campañas políticas a favor del PRI, partido que permaneció hegemónico durante casi todo el siglo pasado, en la entidad y en el país.
