IMPULSO/ José Antonio Crespo
Poco a poco, pero con gran reticencia, la clase política y burocrática empieza a aceptar que debe compartir con el resto de la sociedad los costos de la actual crisis económica. Sólo al constatar —para su sorpresa— la previsible reacción ciudadana de enojo (acumulado a lo largo de estos años), detonado por el gasolinazo, han ido aceptando algún apretón de cinturón.
El INE al principio no vio problema en adjudicar a su aristocracia bonos y aguinaldos generosos, aún en medio de la situación actual. Incluso, defendió sus privilegios aludiendo a que estaban contemplados por la ley. Pues ese es justo el problema y motivo de enojo; que injustificables privilegios sean perfectamente legales en medio de un país en graves apuros. La presión ciudadana llevó al INE a devolver los mil millones de pesos que le habían aprobado para pagar nuevos edificios, además de hacer otros recortes presupuestarios. Falta ver si el TEPJF y la Suprema Corte, por ejemplo, hacen algo semejante.
Quizá la situación económica actual, el enojo y las movilizaciones ciudadanas (si es que continúan) sirvan para algo positivo; que la clase política y burocrática acepte reestructurar el gasto público en varios rubros, y no sólo hacer algunas reducciones simbólicas. Habría que revisar el gasto general del Congreso, las compensaciones, las partidas secretas para obtener moches, y los bonos ocultos. El gobierno tiene mucho de dónde recortar, en gasto corriente. El INE, pese a su gesto, sigue y seguirá siendo un auténtico elefante blanco dado el esquema que elegimos desde su origen. Debimos adoptar un formato como el que prevalece en muchos países democráticos, de una pequeña estructura permanente, que recluta el personal necesario los meses previos a cada elección, para volver después a un esquema de austeridad. Además, está el absurdo de tener dos estructuras paralelas, una federal y otra local, lo que incrementa innecesariamente los gastos.
Viene por otro lado el enorme financiamiento público a los partidos políticos. En 1996 el gobierno decidió otorgar a los partidos un gran financiamiento público bajo la justificación de que eso evitaría que recurrieran a dinero ilícito (de los erarios públicos), al dinero privado en exceso (acompañado de compromisos políticos), o a fondos del narco. Nada de eso se logró. Los partidos, siempre insatisfechos de recursos, recurren en cada elección a una danza de millones que se mueven por debajo de la mesa, sin que el INE siquiera se entere (mucho menos puede evitarlo o sancionarlo). En ese entonces, sólo el PRI aprobó tal patrón de despilfarro partidario (pues tendría que renunciar al respaldo directo del Estado); el PRD y el PAN protestaron y dedicaron parte de esos recursos a la educación o de plano los regresaron. Pero no pasó mucho tiempo para que aceptaran humildemente ese esquema millonario, y ahora lo defiendan todos hasta con las uñas.
