IMPULSO/ David Esquivel
Texcoco
La presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez, y su grupo político, Antorcha Popular (AP), son acusados de pretender despojar a 27 familias de igual número de locales comerciales ubicados en el Mercado Ignacio Zaragoza.
El motivo, argumentan los afectados, es que se niegan a afiliarse a dicha organización, que con 85 millones de pesos de recursos públicos construye un nuevo mercado a través de la actual Administración municipal, la cual se niega a respetar los derechos de la concesión otorgada a los locatarios desde hace 40 años, mismos que temen ser despojados de su medio de subsistencia.
“No nos afiliamos a Antorcha Popular porque no queremos ser esclavos como lo son quienes militan ahí; quienes bajo amenaza son obligados a participar en marchas y mítines”, expresó Guadalupe Castro Aparicio, presidenta de la mesa directiva del mencionado mercado, cuyo predio será ocupado para la construcción del nuevo zoco.
En conferencia de prensa, Castro Aparicio explicó que, sin mediar derecho de audiencia, previo aviso o notificación oficial por escrito, en la Tesorería Municipal de Chimalhuacán se niegan a recibir los pagos del derecho de concesión con que cuentan desde hace 40 años.
Luego de que sea terminada la construcción del nuevo mercado, el costo de los locales será de 100 a 200 mil pesos por tres metros cuadrados, lo que, a decir de los denunciantes, es una estafa.
