IMPULSO/ Agencia SUN
España
La violencia de género sigue arrojando en España cifras preocupantes, ya que en 2018 se registraron 55 asesinatos de mujeres, la gran mayoría de ellos llevados a cabo por parejas o exparejas de las víctimas.
El fenómeno parece desbordar a las autoridades españolas, que en los últimos años han adoptado medidas contra la violencia machista, las cuales resultan insuficientes a la luz de las estadísticas que continúan cimbrando al país ibérico.
Ante los feminicidios contabilizados, muchas mujeres reconocen abiertamente que sienten miedo cuando caminan solas por la noche de regreso a casa, especialmente si se cruzan con extraños o perciben que alguien las está siguiendo.
Las más emprendedoras comenzaron a organizarse en grupos para realizar actividades físicas, sin que el miedo las condicione, como el colectivo Locas que Corren, que integra a mujeres que disfrutan del deporte al aire libre y que no están dispuestas a dejarse amedrentar.
Su seguridad se refuerza cuando hacen ejercicio en compañía de otras personas en determinadas horas de la noche o por circuitos apartados. La mayoría de ellas reconoce haberse sentido intimidada en algún momento y aseguran que corriendo en grupo enfrentan mejor sus temores.
El asesinato en diciembre pasado de Laura Luelmes, una joven maestra que trabajaba en una localidad andaluza, reabrió el debate sobre el acoso sexual. El cuerpo de la joven, de 26 años, fue localizado en una zona boscosa a los cinco días de su desaparición y, según las indagatorias, fue golpeada y sufrió abusos sexuales antes de morir presuntamente a manos de uno de los vecinos de Campillo (Huelva), que tiene antecedentes penales y que se encuentra en prisión, luego de ser detenido por la policía.
Tras el asesinato de la maestra, las redes sociales popularizaron el hastag #AvisacuandoLlegues, con el cual distintas mujeres revelaron algunos de sus miedos cotidianos y expusieron traumáticas experiencias relacionadas con el acoso sexual. La muerte de la joven conmocionó a la sociedad española y provocó manifestaciones en numerosas localidades, en las que miles de mujeres reivindicaron su derecho a salir a las calles sin temor.
También obligó al gobierno de Pedro Sánchez a reformular su política contra la violencia de género, que es un grave problema en España, a pesar de los planes de contención adoptados en los últimos años.
Entre las medidas vinculadas a los crímenes graves, que incluyen los que se cometen contra mujeres y menores de edad, se contempla un control más efectivo de los condenados una vez que hayan cumplido la pena, así como restricciones a su movilidad.
Se pretende que el artículo 106 del Código Penal, que se aplica a terroristas, abarque a los maltratadores que a su salida del presidio tendrían prohibido desempeñar actividades que puedan facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos, además de estar obligados a participar en diversos programas formativos y someterse a un control médico periódico.
“Resulta decepcionante la constatación de que no somos capaces de separarnos de esa terrible cifra que ronda el medio centenar de mujeres anuales asesinadas por sus parejas o exparejas. El balance del año sigue siendo un doloroso recordatorio de lo que nos queda por hacer. Es, además, urgente que analicemos cada uno de los casos, sobre todo, los fallos de protección”, señala a EL UNIVERSAL Marisa Soleto Ávila, directora de la Fundación Mujeres.
“Tenemos lagunas en medidas de protección y de reparación del daño. Además, la violencia contra las mujeres encuentra nuevas formas de manifestarse, y tanto la legislación como las medidas sociales y políticas públicas para la prevención y atención a las víctimas deben adaptarse a estas nuevas formas para dar una respuesta adecuada, pero lo más importante es seguir invirtiendo en sensibilizar a la sociedad”, agrega.
El informe “Agresores sexuales con víctima desconocida”, del Ministerio del Interior, señala que en España existe una violencia estructural contra las mujeres y la gran mayoría de las víctimas no denuncia a su maltratador. En los últimos 15 años, 975 mujeres han sido asesinadas en España. En sus presupuestos generales para 2019 el gobierno de Sánchez destina 250 millones de dólares al Pacto de Estado para combatir a este flagelo.
