IMPULSO/Agencia SUN
Veracruz
Una empresa contratada por la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz, para el diseño y producción de carros alegóricos por temática autorizada, se encuentra “desaparecida”.
Las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al uso de los recursos públicos en el ejercicio fiscal del 2016, en último año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, detectó que se pagaron cinco millones y medio de pesos para los carros alegóricos.
Sin embargo –señalan documentos oficiales en poder de EL UNIVERSAL- la empresa Campimend Comercializadora, S.A. de C.V. que se llevó esos millones, simplemente no pudo ser localizada por los auditores.
“Se realizó una compulsa a la empresa Campimend Comercializadora, S.A. de C.V., sin que pudiera localizarse en el domicilio fiscal señalado en los comprobantes fiscales emitidos”, establecieron los resultados finales de las revisiones.
Además, como parte de los procedimientos de verificación se realizó una visita el día 13 de septiembre de 2017 a su supuesto domicilio fiscal, sin que se encontrara a su Representante Legal, ni indicios de la empresa.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el Oficio número 500-05-2017- 16234 con fecha 13 de julio de 2017, en el que se observa que el proveedor Campimend Comercializadora, S.A. de C.V., se encuentra dentro del supuesto de contribuyentes a los que popularmente se les llama como “empresas fantasmas”.
“Emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
En las revisiones se encontró que la Secretaría de Turismo no mostró evidencia de haber recibido los bienes y/o servicios facturados por concepto de “Diseño y producción de carros alegóricos por temática autorizada”.
Ante ello, el organismo auditor determinó que se detectó una irregularidad en la Gestión Financiera de la Secretaría de Turismo y Cultura que hacen presumir la existencia de responsabilidad resarcitoria por un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de cinco millones y medio de pesos.
El expediente se encuentra en manos del Congreso del Estado, que deberás someter al pleno la Cuenta Pública del 2016 y las acciones a tomar por los desvíos de recursos, como es la presentación de denuncias penales.
