IMPULSO/ Agencia SUN
San José, Costa Rica
Tras ser detenidos el domingo anterior en el sector costarricense de Peñas Blancas, puesto fronterizo con Nicaragua, los mexicanos Antonio Solorio Esquivel y Mario Meza Muñoz fueron condenados por un tribunal de Costa Rica a un año de prisión cada uno por adulterar sus pasaportes de México y serán expulsados de este país, anunciaron fuentes oficiales.
La Fiscalía General de Costa Rica (Ministerio Público) informó a EL UNIVERSAL que los mexicanos fueron detenidos la mañana del domingo en la zona limítrofe con Nicaragua, al norte del país, con pasaportes adulterados, aceptaron los hechos y se acogieron a un procedimiento especial abreviado, que se resolvió ayer.
La Fiscalía de Flagrancia de Liberia, la principal ciudad del norte de Costa Rica, logró que el Tribunal de Flagrancia de esa misma región les impusiera la pena de un año de prisión, anunció.
Solorio y Meza “fueron hallados culpables” de los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, “tras comprobarse que colocaron sellos falsos en sus pasaportes, para simular” que ingresaron legalmente al país por Paso Canos, frontera de Costa Rica con Panamá, en el sur de territorio costarricense.
Según el recuento entregado a este diario, la detención de los ahora sentenciados ocurrió la mañana del domingo, cuando ambos se presentaron al puesto fronterizo de Peñas Blancas. Los funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería notaron que los sellos de entrada a Costa Rica que constan en sus documentos, y que supuestamente les colocaron en Paso Canoas, difieren de los cuños oficiales, por lo que fueron enviados a la Fiscalía de Flagrancia.
El Ministerio Público aclaró esta mañana que, de acuerdo con la legislación costarricense, las personas condenadas a menos de tres años de prisión tienen derecho a acogerse al beneficio de ejecución condicional de la pena o libertad condicional. Por esa razón, los mexicanos quedaron a la orden de Migración y Extranjería para que sean expulsados de Costa Rica en una fecha por definir.
La Fiscalía General recordó que el Código Penal establece que se castiga con uno a seis años de prisión al que “hiciere uso de un documento falso o adulterado”. Ese mismo rango de penas se aplica al delito de falsedad ideológica, por insertar o hacer insertar en un documento público o auténtico “declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
