Raúl Rodríguez Cortés
Decíamos aquí en la columna titulada “La amnistía de AMLO y el hipócrita griterío” (https://goo.gl/253fdt) que esa propuesta para enfrentar al narcotráfico, desterrar la violencia en que está sumido el país y reconciliarlo —que para muchos fue una idea francamente descabellada—, no debió plantearla el precandidato presidencial de Morena en una declaración de banqueta, sin mayor explicación de su alcance ni de la manera en que se aplicaría en los hechos.
La falta de claridad al comunicarla dio lugar a todo tipo de interpretaciones: pactará con narcos, sacará de la cárcel a los procesados, traicionará a los familiares de las víctimas, dará carta abierta a los cárteles. Muchas de esas interpretaciones son producto de una legítima preocupación, pero muchas otras son políticamente mal intencionadas.
Ayer, para bien, hubo más claridad en la propuesta de marras, al develarse un aspecto que nadie había tomado en cuenta en sus análisis e interpretación: la amnistía estará dirigida a los miles y miles de campesinos que encuentran en el narco-cultivo la única opción de sobrevivencia económica.
Ellos están fuera de la ley, pero sólo así sobreviven. Necesitarían el perdón, estrictamente legal, y la atención a sus necesidades: más apoyo a la producción, alternativas de empleo y de ingreso, oportunidades para salir del hoyo en que se encuentran, solamente así podrían zafarse las cadenas que la delincuencia organizada les ha puesto, medrando con su hambre, con su necesidad.
Y ése es, por citar un ejemplo, un punto de inflexión en el combate al narco —que es una condición económica cuyas ganancias trasfunden dinero sucio a circuitos financieros internacionales— para modificar una estrategia centrada en las armas, en la violencia.
Esta reflexión la hacía Alfonso Durazo, quien sería el Secretario de Seguridad Pública si López Obrador ganara las elecciones, según anunció ayer el precandidato presidencial de Morena.
“Nadie ha hablado de sentarse a negociar con El Mencho (Rubén Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación) ni con ningún otro capo”, decía este hombre de 63 años que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio hasta su asesinato en 1994 y después secretario particular y vocero de Vicente Fox hasta que en Los Pinos se atravesó la pretensión de que la “pareja presidencial”, Marta Sahagún, fuera la sucesora de su marido.
En 2006, Felipe Calderón declaró la guerra al narco, aunque después lo negara, en 2012, Enrique Peña Nieto prometió un cambio de estrategia que, por lo visto, no ocurrió. El costo en vidas, desaparecidos, violencia e inseguridad ha sido altísimo para el país. Y esa guerra irregular sigue. México, por lo tanto, no está en paz.
De allí que la pregunta sea ¿cómo pacificar al país?, sin que, en aras de ello, se fortalezca la impunidad para la delincuencia. Acaso para conciliar ambas puntas de la enredada madeja, sea que AMLO recurra al planteamiento de la amnistía, una gura jurídica considerada en nuestra Constitución y a la que han recurrido países con conflictos violentas como El Salvador (enfrentado con una guerrilla que planteaba reivindicaciones sociales, pero desde la ilegalidad) o Colombia (en su añejo enfrentamiento con la narco-guerrilla).
Una amnistía, en términos sencillos, tendría al menos dos recursos: ofrecer el perdón, en este caso a los campesinos dedicados al narcocultivo), pero procesar los crímenes cometidos sin dejar de estar abiertos a la posibilidad de negociar los términos del castigo como hacen países desarrollados como EE.UU.. Entonces una amnistía no es lo mismo que pactar con el narco.
Pactar con el narco, no nos hagamos los tontos, es lo que se ha hecho históricamente según está ampliamente documentado. Lo hizo Arturo Durazo, lo hizo la extinta Dirección Federal de Seguridad, lo hizo Calderón con el Cártel de Sinaloa en la parte más álgida de la confrontación militar.
Para un problema tan grave como el de la violencia y el narcotráfico no habrá soluciones fáciles. Se requieren propuestas audaces y controversiales, pero efectivas. Falta por conocer a detalle, en el caso que analizamos, la propuesta de seguridad de AMLO porque su pretensión es ambiciosa: pacificar al país en tres años.
Instantánea: Asesores, personajes muy interesantes conforman el Consejo Asesor para garantizar la paz, propuesto ayer por López Obrador: el general de división retirado Audomaro Martínez Zapata, quien ayudará en todo lo relacionado con defensa nacional por su conocimiento del Ejército; el vicealmirante Juan Manuel Solano Ochoa, por su experiencia en la Armada y conocimiento de la Secretaría de Marina; Marcos Fastlicht, empresario y suegro de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, será el enlace con la sociedad civil; Alejandro Gertz, ex secretario de Seguridad Pública; y la ex legisladora y ex directora de la Universidad Iberoamericana, Loretta Ortiz, quien se centrará en garantizar que la estrategia que se asuma se absolutamente respetuosa de los derechos humanos. @RaulRodriguezC raulrodriguezcortes.com.mx
