IMPULSO/ Ignacio Morales Lechuga
López Obrador ha presentado su programa de seguridad, que consta de cinco ejes: manejar personalmente la seguridad pública, la recreación de la Secretaria de Seguridad Pública, medidas de carácter social como la atención al campo, dar amnistía a delincuentes del narcotráfico , afirmación que después rectificó, y crear la Guardia Nacional y fusionarla con la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Policía federal.
Analicemos paso por paso
Su estilo personal de hacer las cosas quedó claro en la memoria de los capitalinos con la manifestación en el año 2004 por el aumento de secuestros durante su gestión, su reacción fue retadora, negativa e intolerante frente a la demanda social.
El problema es que no es lo mismo controlar la seguridad de 1,500 km2. y 9.5 millones de habitantes a 2 millones de km2 y 120 millones de habitantes. Ojalá su actitud cambie y escuche. El campo no está abandonado, es uno de los renglones donde el PIB más ha crecido en los últimos seis años. Las exportaciones han ascendido de seis mil a veintiséis mil millones de dólares. La exportación de aguacate, de jitomate y de carne ha aumentado.
El problema esencial es la extorsión de narcos y autoridades, la amnistía en términos del Art. 73, fracción XXII de nuestra Carta Magna, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión. El Presidente no tiene esa facultad. Al Ejecutivo le corresponde la facultad de indulto que prevé el Art. 89 fracción XIV de nuestra Constitución y la puede ejercer a favor de los reos sentenciados.
No creo que se refiera a eso. Ambas medidas, son inaplicables como fórmulas para reforzar la seguridad pública. Durazo dijo que la amnistía se otorgaría exclusivamente a los pequeños productores de droga y no a los grandes capos, pero los principales problemas que México padece son por cocaína y drogas de diseño; la cocaína solo se produce en Sudamérica.
Las drogas de diseño provienen de la efedrina y pseudoefedrina e ingresan al país con permisos aduanales. La medida de Durazo sería para productores de mariguana que hoy son vistos con benevolencia hasta por los intelectuales o para los productores de amapola, situaciones que tampoco ayudarían a lograr la paz social.
Esa medida aumentaría la violencia. Lo más grave es que aproximadamente 700 municipios están controlados por el narcotráfico, han nombrado a presidentes municipales, policías y funcionarios. Miroslava Breach fue asesinada precisamente por estos pequeños capos a los que quieren darles la amnistía. Atrás de los pequeños productores o narcomenudistas están los grandes capos. Es lo mismo que el pequeño comerciante que siempre tendrá atrás a un mayorista o a un fabricante.
La amnistía provocaría que México se convierta en un paraíso de impunidad para los narcotraficantes y los narcopolíticos. Creo que Durazo y López Obrador no están conscientes de los alcances de su propuesta. Se pretende poner en práctica lo hecho por Colombia sin que siquiera se haya preguntado el cómo o el porqué de su ineficacia.
¿O se replicarán las leyes de amnistía de Uruguay o Argentina conocidas como leyes de Punto Final y Obediencia Debida? legislaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como violatorias de derechos humanos, ya que niegan el derecho de acceso a la justicia a las víctimas.
La Guardia Nacional es una institución prevista en los Artículos 73 y 89, obliga a un enlistamiento de los ciudadanos, y su creación obedece a la necesidad de tomar las armas en defensa del territorio y la soberanía nacional. No está estipulada para que se convierta en una licuadora con las policías y soldados.
Además convocar a la Guardia Nacional, requiere autorización del Senado. No es un cuerpo profesional permanente, es una organización ciudadana para atender condiciones extraordinarias en el país. Por lo tanto será mejor que se olviden de organizar y disponer de la Guardia Nacional.
Por último, el tema más grave de la inseguridad es la corrupción de políticos y policías; atacando este flagelo resolvería cuando menos la mitad del problema. En Estados Unidos existen investigaciones, órdenes de aprehensión contra cuatro ex gobernadores y están en proceso de investigación cuando menos otras cuatro y aquí en México no se sabe nada.
Municipios de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Durango y otros estados, son controlados por cárteles. El camino de un programa nacional de seguridad está en la Constitución y concretamente en el Art. 21 que establece el carácter civil de la seguridad pública. Por ahí habrá que empezar cualquier programa.
