IMPULSO/ Agencia SUN
CIUDAD DE MÉXICO
El 22 de abril de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó un plazo de seis meses para que mejoraran las condiciones de seguridad en el país, a través de cumplir con todos los programas sociales a la ciudadanía, el despliegue de la Guardia Nacional y que los gobiernos no sean corruptos.
“En seis meses ya van a estar operando todos los programas. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, la Guardia Nacional y cero corrupción en los gobiernos”, dijo en su momento López Obrador.
Este martes, al cumplirse este tiempo, las bancadas del PAN y PRI en San Lázaro reclamaron al Gobierno de la República resultados.
No cumplió, advirtieron Héctor Yunes, del PRI y Fernando Macías, del PAN, desde la tribuna de San Lázaro al debatir sobre el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, que derivó en la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Ese fue el tono de la discusión en la que diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se enfrentaron de nuevo a Morena, PT y PES, que defendieron a López Obrador, pero con matices, pues incluso los morenistas pidieron explicaciones al Gobierno.
“Estamos exigiendo y llamando a cuentas al secretario de Seguridad (Alfonso Durazo) y a su equipo para que vengan a decirnos qué pasó. Pero también pedimos cuentas al gobernador (Quirino Ordaz) y a las autoridades locales”, demandó Tatiana Clouthier, de Morena.
La diputada sinaloense advirtió que las armas no aparecieron en 24 horas y cuestionó “¿dónde está el gobernador? […] ¿quién filtró la información de lo que iba a pasar con ese operativo y qué pasó en la reunión de la DEA con el gobernador Quirino”.
Asimismo, demandó corresponsabilidad a la sociedad del estado para “frenar las acciones y las actividades económicas que fortalecen al crimen organizado. Todos sabemos de qué estamos hablando”.
En tribuna, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, aseguró que su partido no demanda masacres ni exterminios, pero el Gobierno está obligado a investigar y deslindar responsabilidades por el operativo erróneo, “mal planeado, sin inteligencia” que llevó al gobierno a abdicar frente al crimen organizado.
“Que se finquen las responsabilidades correspondientes a quienes haya tomado las decisiones erróneas. Todas y todos queremos la paz, pero la paz que brinda el Estado de derecho, no la pax narca que pacta con la delincuencia y recibe, además, sus agradecimientos”, refirió.
Por el PRI, Héctor Yunes recordó que en abril, tras el multihomicidio de 13 personas en el municipio de Minatitlán, el Presidente “hizo el compromiso de que en un periodo de 6 meses se verían resultados de la estrategia de seguridad. Hoy se cumple es plazo y lo que tenemos es mucho peor de lo que teníamos entonces”.
El priista criticó que el mismo Gobierno haya politizado el problema de la inseguridad, al señalar a Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua como las entidades que concentran 41.5 % de los homicidios.
Yunes refirió que ninguna de estas entidades es gobernada por Morena y se excluye a Veracruz, donde se comete el mayor número de secuestros y de feminicidios en toda la República, además de dos masacres han dejado 42 muertos.
“Si el gobierno no reconoce sus errores, si no corrigen en lo que ha fallado, entonces será el sexenio más violento en la historia del país, su primer año de gobierno ya lo es”, acusó.
“Hace seis meses, justamente, le prometió que hoy, justamente hoy, se terminaría la violencia y la inseguridad en nuestro país, y hoy estamos peor que nunca”, recriminó también el panista Fernando Macías Olvera.
Estableció que esa resultó “otra mentira” de López Obrador, que “inventa datos, pone excusas, pone pretextos, echa culpa, pero no es capaz de tener la responsabilidad más grande en este país que es el de cuidar la seguridad de las y los mexicanos”.
Según el panista, de facto hay un “acuerdo de paz” entre el Gobierno federal y la delincuencia organizada, y quien puso en riesgo a las familias de Culiacán fue el gobierno federal.
