IMPULSO/ Enrique Cárdenas Sánchez
México se ha convertido en unos cuantos años en uno de los países donde más periodistas han sido asesinados. Sólo en este año, se cuentan ocho, el último de ellos, Javier Valdez Cárdenas, acaecido el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Le precedieron Filiberto Álvarez Landeros, Juan José Roldán, Máximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach, Ricardo Monlui Cabrera, Cecilio Pineda Brito y Jonathan Rodríguez. En los últimos 16 años, al menos 114 periodistas han sido asesinados en México, según la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Ésta es una señal lamentable que muestra la barbarie de la violencia en el país y, al menos, la incapacidad del gobierno de promover un ambiente propicio para la libertad de expresión. La creación de la fiscalía especializada no ha sido suficiente y prevalece la impunidad. Existen muchas pistas que apuntan a que los victimarios son miembros del crimen organizado, pero también hay pistas de que el propio gobierno, sea un presidente municipal o la policía local o estatal, están involucrados en algunos de esos asesinatos. Todos los periodistas tuvieron como preámbulo una o varias amenazas que eran avisos de lo que podría sucederles si seguían investigando y reporteando historias, noticias, modus operandi de grupos delictivos y sus complicidades con miembros del gobierno.
El problema es serio. Existen muchos otros casos de amenazas creíbles que (afortunadamente) no han terminado en ejecuciones. En muchos casos, ha habido allanamiento de oficinas para robar equipo y amedrentar a periodistas, incursión en los domicilios con el mismo propósito, u otras formas de amedrentamiento y amenaza.
Pero los periodistas no son los únicos amenazados por la autoridad o por grupos delictivos. Los casos de activistas sociales asesinados que defienden los derechos humanos, o derechos comunales de tierras, agua o riqueza minera, por ejemplo, son numerosos y se cuentan por cientos. El problema es tan grave que el propio gobierno ha tenido que asignar personal para su protección. De acuerdo con cifras dadas a conocer por Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, están en el mecanismo de protección 538 periodistas y defensores de derechos humanos. Pero eso no ha sido suficiente para evitar la muerte de decenas de ellos.
En tiempos recientes organizaciones civiles y algunos de sus miembros también han sido espiados, amedrentados, amenazados, por divulgar información que es crítica de los actos del gobierno, o por hacer análisis que compromete a funcionarios públicos y gobernantes. Twitter: @ecardenasCEEY. [email protected]
