IMPULSO/ Agencia SUN
SAN JOSÉ, Costa Rica
Un grupo de 23 ex jefes de Estado y de Gobierno de América y España alertó este jueves que, con una sistemática violación de los derechos humanos en una escalada represiva, el “dictador” nicaragüense Daniel Ortega rompió el orden constitucional y democrático de Nicaragua, en una violencia estatal en incremento y generalizada que si la comunidad internacional evita frenar “a tiempo”, podría transformarse “en crímenes de lesa humanidad”.
La declaración de los 21 ex mandatarios latinoamericanos y dos ex presidentes de gobierno españoles lanzó una severa advertencia a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y demás mecanismos políticos internacionales sobre la profunda y prolongada crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua y de la que culpó a Ortega.
En un manifiesto consensuado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), ente no estatal de concertación política, los 23 “alertan y urgen” a la OEA y a la UE “sobre la grave alteración y ruptura del orden constitucional y democrático en Nicaragua”.
La crisis, que estalló el pasado 18 de abril con protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, está “dentro de un contexto de violencia de Estado incremental y de violaciones sistemáticas y generalizadas que pueden convertirse, de no ser frenada aquella y a tiempo por la comunidad internacional de los Estados, en crímenes de lesa humanidad. Así lo demuestra la experiencia de la región”, insistieron.
En un documento suscrito, entre otros, por los ex gobernantes Vicente Fox y Felipe Calderón, de México, denunciaron “la escalada de represión por parte de la dictadura de Nicaragua” y recordaron que Ortega ilegalizó la semana pasada en la Asamblea Nacional a nueve organizaciones independientes de promoción democrática y de derechos humanos y allanó a medios de prensa críticos con su gobierno.
“La Policía Nacional al servicio del dictador ejecutó, mediante violencia y nocturnidad, actos delictivos de allanamiento y confiscación de las sedes y bienes de las organizaciones de la sociedad civil afectadas” por la Asamblea “bajo control de la dictadura”, recalcaron.
La declaración fue emitida al día siguiente de que el presidente Ortega expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y al Grupo Internacional de Expertos Independientes. Ortega alegó que esas instancias de la OEA, cuyos miembros empezaron a salir este jueves de Nicaragua, intervinieron en asuntos internos nicaragüenses.
La Comisión y sus misiones incomodaron al dúo gobernante, porque lo acusaron de una indiscriminada represión con violencia policial y paramilitar contra los opositores, que en un inicio repudiaron una reforma a la seguridad social que Ortega debió descartar. Las protestas detonaron en un masivo reclamo de democracia para exigir la renuncia de la pareja presidencial, acusada de instalar una dictadura dinástica.
Ortega y Murillo también expulsaron en agosto a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que los culpó de violar los derechos civiles. Ambos rechazaron todos los cargos con el alegato de que enfrentan un golpe de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos y fuerzas derechistas locales.
